El conjunto de edificios donde funcionó el presidio de la isla San Lucas deberá ser restaurado y preservado pues es patrimonio histórico arquitectónico, decidió la Sala Constitucional.
Los magistrados declararon con lugar un recurso de amparo que interpuso el ciudadano Luis Guillermo Ugalde Méndez contra dos ministerios y una municipalidad.
En una resolución emitida el 23 de marzo, ordenaron al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, al Ministerio de Cultura y Juventud, al Centro de Patrimonio, a la Dirección Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y la Alcaldía Municipal de Puntarenas “adoptar inmediatamente y de manera conjunta las medidas necesarias y ejecutar acciones pertinentes a fin de proteger, restaurar y preservar las edificaciones de la isla San Lucas”.
Además, les exigieron rendir un informe a la Sala Constitucional “dentro de plazo improrrogable de un año a partir de la notificación de esta sentencia”.
La isla San Lucas tiene una superficie de unas 500 hectáreas y dista a 15 kilómetros del puerto de Puntarenas, en el golfo de Nicoya.
Por sus características, ese territorio ha sido foco de interés entre profesionales en Historia, Antropología, Patrimonio, Biología y Turismo; sin embargo, todavía no existe un proyecto concreto de recuperación que integre todos los aspectos anteriores.
Todas las entidades que la resolución de la Sala IV responsabiliza por la protección de la isla están involucradas en diferentes formas. La Ley N.º 5469 del 24 de abril de 1974 dispuso que una vez que se diera el cierre del centro penal, San Lucas fuera traspasada a la Municipalidad de Puntarenas, con el objetivo de impulsar el desarrollo turístico.
Además, el conjunto de edificaciones donde funcionó el centro de penal entre 1873 y 1991 fue declarado patrimonio histórico arquitectónico, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo N.º 30714-C del 26 de setiembre del 2002.
La isla San Lucas también tiene importancia ambiental, pues fue declarada como Refugio Nacional de Vida Silvestre, según el Decreto Ejecutivo N.º 29277-Minae, publicado en