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108 objetos precolombinos, entre ellos 14 esferas

Juez ordena a Museo Nacional devolver piezas decomisadas

Actualizado el 14 de marzo de 2013 a las 12:00 am

Orden se da luego de que se dictó un sobreseimiento definitivo de causa

Museo reclama que no fue notificado a tiempo sobre tales resoluciones

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Juez ordena a Museo Nacional devolver piezas decomisadas

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                         El 23 de julio del 2010 se realizó un allanamiento en la finca Motilonia, en San Rafael de Heredia. | ARCHIVO
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El 23 de julio del 2010 se realizó un allanamiento en la finca Motilonia, en San Rafael de Heredia. | ARCHIVO

El Juzgado Penal de Heredia le envió el viernes la orden al Museo Nacional de que devuelva 108 piezas precolombinas –entre ellas 14 esferas de piedra– . Estos objetos fueron decomisados en un allanamiento realizado el 23 de julio del 2010 en la finca Motilonia, en San Rafael de Heredia, propiedad de la familia Mannil D’Empaire.

Los objetos arqueológicos permanecían bajo custodia en el depósito del Museo Nacional, en Pavas, San José, a la espera de la decisión de un juez, como parte de una investigación penal abierta contra Harry Mannil Laul (fallecido) y su hijo Mihkel Mannil D’Empaire por el delito de infracción a la Ley sobre Protección al Patrimonio Arqueológico, en perjuicio del Estado costarricense.

La orden de devolución de las piezas se emitió luego de que el pasado 21 de enero el juez Adrián Molina dictara el sobreseimiento definitivo en la causa penal, decisión que favorece a los Mannil.

En el sobreseimiento el juez, al ver la falta de pruebas o ciertos presupuestos, no entra a conocer el fondo del asunto o se abstiene de seguirlo haciendo.

Según consta en el documento del sobreseimiento definitivo, dicha resolución había sido solicitada por el Ministerio Público argumentando “que no hay delito que perseguir o elementos que permitan fundar una acusación en la especie”.

La Nación intentó consultar al juez Molina sobre los argumentos para dictar este sobreseimiento, pero la oficina de prensa del Poder Judicial informó de que él no podía referirse a la causa por estar “en etapa intermedia”.

Por su parte, el director del Museo Nacional, Christian Kandler, reconoció que la orden de devolución de las piezas les tomó por sorpresa, pero adujo errores en el proceso penal. “El Museo, como parte ofendida, no recibió la notificación oficial por parte del Juzgado sobre la sentencia de sobreseimiento que se dictó el 21 de enero del 2013. Tuvimos que realizar una gestión de emergencia y, gracias a eso, fue que finalmente recibimos la notificación. Pero eso fue hasta hoy (martes) en la tarde”, declaró.

Kandler agregó que el Ministerio Público tampoco les informó sobre la solicitud de sobreseimiento hecha al Juzgado.

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“El Museo está ahora dentro del plazo que confiere la ley a todas las partes involucradas en un juicio penal para analizar la sentencia y resolver si se va a presentar una apelación”, aseguró.

Tesoro público. Según explicó la jefa del Departamento de Protección de Patrimonio Cultural del Museo Nacional, Marlin Calvo, este proceso de investigación penal dio inicio con una denuncia interpuesta por dicha institución contra los Mannil por “comercio de bienes arqueológicos”.

En la sentencia de sobreseimiento, el juez concluye que en este caso “no se probó la tenencia irregular producto de un delito ni el comercio ilícito de piezas, ni menos aún que sean resultado de un hallazgo o excavación hecho por los imputados sin comunicarlo al Museo Nacional”. Calvo difiere de tal razonamiento: “La legislación costarricense establece que todas las piezas arqueológicas descubiertas después de 1938 son propiedad del Estado. Las piezas pueden estar en manos privadas solamente si están debidamente inscritas en el registro del Museo”.

En uno de los considerandos de la sentencia se argumenta que en el año 1978 Masula Mannil, esposa de Harry Mannil y presidenta de Inversiones Motilonia S. A., empresa propietaria de la finca Motilonia, envió un documento al Museo en el que informaba sobre la tenencia de estas piezas e incluía una lista de ellas. Sin embargo, Calvo sostiene que el documento presentado en 1978 no es garantía de registro. “Es una simple carta que no se puede considerar como un registro formal pues no sigue requisitos establecidos en la Ley N.° 7 del 6 de octubre del 1938, que regula la propiedad, exploración y comercio de reliquias arqueológicas”, explicó.

La funcionaria agregó que en la Ley sobre Patrimonio Nacional Arqueológico N.° 6703, del 12 de enero de 1982, se le concede un plazo de seis meses –después de su entrada en vigencia– a los propietarios privados para registrarlas.

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