Con la compra de un terreno de ¢1.165 millones, el Gobierno busca darle una “solución permanente” al conflicto por los terrenos de la finca Chánguena, en Palmar Sur, Puntarenas.
En la propiedad de 252 hectáreas se ubicarán unas 80 familias, quienes por años se han negado a ser desalojadas de Chánguena, una hacienda privada.
En un comunicado de prensa, el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) informó de que los beneficiarios recibirán su terreno en dos etapas: primero ingresarán los residentes del campamento conocido como Cobasur, y después quienes actualmente ocupan la finca Chánguena.
Los traslados de las familias que hayan calificado, según los criterios de selección, se harían a inicios del próximo año, detalló el Inder.
La propiedad se distribuiría en secciones de tres hectáreas y media cada una.
Proyecto productivo. La adjudicación de la nueva finca incluye planes para que sus habitantes implementen un proyecto productivo con la colaboración de la Universidad Nacional (UNA) y otras entidades del sector agropecuario.
Las familias que se reubicarán se dedican a la agricultura, por lo que el terreno se aprovecharía para el cultivo de productos como raíces, tubérculos, plátanos, aguacate, palmito, cacao, bambú, mamón chino (rambután) y varias especies frutales.
Para hacerlo, ya existe un compromiso por parte de todos, aseguró el Inder. La meta es que con esa producción se pueda abastecer al mercado mayorista de la región brunca.
La Nación realizó varias llamadas a vecinos de Chánguena para conocer su opinión sobre la adjudicación de ls propiedad, pero para el cierre de esta edición, no se había logrado obtener ninguna respuesta.
Conflicto por tierras. La hacienda Chánguena, ubicada en Palmar Sur de Osa, está en disputa desde el 2001, cuando un grupo de peones que trabajaban allí manifestó que el propietario les debía varios salarios y. en consecuencia optaron por tomar la propiedad.
Un año más tarde, la Sala Constitucional ordenó iniciar el desalojo del terreno, que se concretó apenas a mediados del 2015, cuando el Tribunal Contencioso Administrativo avaló un acuerdo entre la Procuraduría General de la República y el dueño de Chánguena.
No obstante, días después y tras varias protestas en el puente sobre el río Térraba, los campesinos regresaron al lugar.
Ellos dicen que utilizan la tierra para cultivar sus alimentos, y que, con su labor, apoyan el desarrollo del cantón.