EscucharII parte. A pesar de que los números de las pérdidas que tuvo el desaparecido Banco Anglo Costarricense (BAC) crecieron a saltos de canguro, el proceso judicial para dilucidar quiénes fueron los responsables de la debacle avanza a paso de tortuga.
La justicia "pronta y cumplida" sustenta que en toda causa los abogados defensores de los imputados utilizan las apelaciones como un método para dejar todo claro antes de que un procesamiento quede en firme. Y el caso Anglo no es la excepción.
Así, cada uno de los procesamientos dictados por el juez cuarto de instrucción de San José, Ewald Acuña Blanco, encargado del caso, se ha sometido a reclamos ante el Tribunal Superior Cuarto Penal (Tribunal de Apelaciones).
La Corte Suprema de Justicia atribuye lo engorroso de ese trámite tanto a la gran cantidad de casos que debe resolver el grupo de tres jueces como a lo extenso de la causa.
Mientras tanto, Acuña espera las resoluciones para decidir sobre la elevación a juicio de los 16 imputados. Además, aguarda nuevas pruebas provenientes del exterior tendientes a aclarar las negociaciones con deuda externa efectuadas por el Anglo y el monto total de las pérdidas.
La causa judicial se inició en julio de 1994, una vez que el Consejo de Gobierno acordó intervenir la institución para investigar una serie de anomalías en sus operaciones, detectadas por la Auditoría General de Entidades Financieras (AGEF).
Herramienta legal
Hasta hoy están pendientes de resolver seis procesamientos, de los cuales el Tribunal de Apelaciones realizó la vista entre miércoles y jueves de la semana pasada. Las acciones cuestionadas que dictó el juez, el 22 de setiembre de 1995, contra 11 de los imputados son:
Por enriquecimiento ilícito, contra Carlos Hernán Robles, Carlos Trejos, Mánfred Amrhein, Rónald Fernández, Carlos Osborne, Arturo Fallas, Edwin Salazar y Carlos Manuel González. Por publicación y autorización de balance falso, contra Carlos Hernán Robles, Carlos Trejos, Rónald Fernández y Carlos Manuel González. Por cuatro delitos de administración fraudulenta, contra Carlos Hernán Robles y José Luis López Gómez. Por tres peculados, contra Mauricio Guardia Gutiérrez. Por peculado, contra Carlos Hernán Robles y, por uso de documento falso, contra Angel Castillo (Sulejman Asanoski) Por falsificación de documento público, contra Carlos Hernán Robles.A criterio de los jueces de la sección segunda del Tribunal de Apelaciones, consultados por medio del departamento de Información y Relaciones Públicas del Poder Judicial, ellos tienen que abocarse al análisis de los 20 tomos de la causa, pero además deben atender todas las apelaciones de los demás juzgados josefinos y las alcaldías periféricas. El grupo lo integran Vera Coto, Daniel Salazar y María Elena Gómez.
También se le consultó por escrito al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Edgar Cervantes, acerca de la posibilidad de que la carga de trabajo en ese tribunal pudiera entrabar los procesos; no obstante, adujo tener prohibición para referirse a ese tipo de consultas.
Juan José Sobrado, defensor de José Luis y Mariano López, se mostró satisfecho con el tiempo transcurrido en el proceso, y sostuvo que el Tribunal concentra su labor en puntos específicos, por lo cual está en plena capacidad de sacar adelante su labor.
Francisco Castillo, defensor de cinco de los imputados, aceptó que ha habido problemas en apelación pero principalmente por el alto número de acusados; en consecuencia, en el caso de las vistas, no siempre sus defensores han podido coincidir. Algunas citas se han tenido que postergar.
Para él, el proceso judicial lleva un trámite normal, puesto que se ha necesitado conseguir prueba en el extranjero e incluso aún falta por recibir un estudio especializado del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Más pruebas
Dilucidar con certeza si hubo o no malos manejos de los fondos, así como esclarecer el monto total de las pérdidas del banco, depende de las pruebas que recabe el Juzgado Cuarto de Instrucción.
Con este fin, agentes de la sección Contables del OIJ deberán entregar, a finales de marzo, un informe en el cual se especifican detalles como los mencionados. De acuerdo con una fuente del Organismo, con el propósito de completar los datos, dos oficiales especializados viajaron la semana anterior a Washington y además recibirán nueva documentación procedente de Panamá, país donde operaba una subsidiaria del Anglo: AVC Panamá.
Además, el Juzgado ya recibió tres documentos de la Superintedencia General de Entidades Financieras (SUGEF; antigua AGEF), en los que se analizan los movimientos internacionales de los fondos del Anglo, entre 1992 y 1994.
Según explicó el propio Acuña, a través de la periodista de la Corte, Sandra Castro, entre diciembre de 1995 y enero de 1996, recibió diez informaciones de prueba internacional acerca de operaciones de compra de bonos de deuda externa.
Con aproximadamente 17 allanamientos, hasta el momento el Juzgado ha recopilado -mediante embargo de bienes a los acusados- ¢1.500 millones, como respaldo para la acción civil resarcitoria encausada por la Junta Liquidadora del BAC, cuyo monto asciende a ¢25.000 millones.
