Han pasado 11 años desde que la empresa constructora Bemontesa entregó, en mal estado, la carretera entre Frailes de Desamparados y Tarbaca de Aserrí al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), con la complacencia de inspectores de esta dependencia.
Tras un largo proceso judicial, la sección primera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo confirmó, en abril del año pasado, un fallo condenatorio contra la empresa y los cuatro funcionarios del MOPT que supervisaron la obra.
Hoy, esa sentencia sin precedentes está por liquidarse en el Juzgado Tercero Contencioso, donde el Estado -por medio de la Procuraduría General de la República- exige a los condenados el pago de ¢195,6 millones de indemnización por los daños ocasionados. El monto fue calculado, a octubre de 1995, según las tasas de interés vigentes del Banco Nacional de Costa Rica para esa fecha.
La resolución judicial estableció que el constructor Pascal Di Gioacchino y los funcionarios Edgar Meléndez, Reynaldo Jiménez, Miguel Larrad y Ramiro Martínez cambiaron el diseño estructural y utilizaron materiales de condición cuestionada en el proyecto Frailes-Tarbaca. (Véase nota aparte).
Pero, a pesar de que la sentencia está en firme, dos de los condenados -Martínez y Jiménez- continúan laborando como inspectores en el Departamento de Obras por Contrato del MOPT, confirmó ayer el Departamento de Prensa de esa cartera.
Ante una consulta de este diario sobre los motivos de la permanencia de los funcionarios, el despacho informó que, luego de conocer los alcances de la sentencia, el MOPT efectuó las gestiones de despido ante el Tribunal del Servicio Civil, en junio de 1995.
De acuerdo con la periodista Eugenia López, es precisamente esa gestión, aún no resuelta, la que impide a los jerarcas del Ministerio hacer efectivo el despido.
La otra parte acusada, el Consorcio Constructor Bemontesa S.A. dejó de operar desde cinco años antes que el Tribunal confirmara la sentencia en su contra. Sin embargo, su personería jurídica continúa vigente en el Registro Público.
Cuando se defina el monto a cancelar, tendrá que ser Di Gioacchino -su presidente- quien afronte el porcentaje que le corresponde en el pago millonario al Estado.
Perdidas millonarias
El caso Frailes-Tarbaca inició el 7 de mayo de 1984, cuando la empresa Bemontesa inició los trabajos de construcción de la carretera que une a esas dos poblaciones, por un costro de ¢70,5 millones.
En 1985, recién construida la vía, un tramo de 6,5 kilómetros mostraba ya un serio y prematuro deterioro. Los daños originaron una investigación por parte de la Contraloría General de la República, que denunció, en un informe, las irregularidades cometidas por la compañía constructora y los funcionarios públicos.
Según el órgano contralor, el deterioro obedeció a que se varió y no se respetó el diseño estructural especificado en el cartel de licitación. También fue deficiente el control por parte del MOPT, de la mezcla utilizada como base granular en la construcción de la carretera.
En ese momento, junio de 1984, la empresa y los funcionarios argumentaron que el cambio pretendía ahorrar ¢812.000 en la construcción del proyecto; no obstante, la Contraloría comprobó que el "ahorro" fue de ¢1.
En diciembre de 1987, la Procuraduría asumió el caso para exigir las costas por daños y perjuicios mediante una acción civil resarcitoria que ahora está en proceso de liquidación.
Durante ese proceso, se cuestionó enérgicamente que, una vez detectados los daños en la vía, el MOPT volviera a adjudicar la reparación de la obra a la misma empresa que la construyó en forma deficiente. Es decir, Bemontesa habría recibido el pago en dos ocasiones.
Tras 11 años de intensas gestiones y fuertes gastos en papeleo y tiempo, el resultado está por venir. En pocas semanas, el Juzgado Tercero Contencioso Administrativo resolverá el monto y la forma en que se ejecutará la primera indemnización, a favor del Estado, por concepto de irregularidades en la construcción de carreteras.
La sentencia
El Estado costarricense ha esperado durante 11 años para recibir una indemnización por los daños causados con las anomalías en la construcción de la carretera entre Frailes y Tarbaca. Los siguientes son fragmentos de la sentencia #159-95 de la Sección Primera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo que confirmó la condena contra los responsables:
"La firma Consorcio Bemontesa incurrió en el incumplimiento contractual, al introducir cambios en el diseño estructural del proyecto Frailes-Tarbaca y al utilizar en dicho proyecto materiales de condición dudosa que contravenían las especificaciones contractuales".
Los ingenieros... incurrieron en culpa grave con motivo de la ejecución del proyecto por lo que son responsables por los daños y perjuicios causados al Estado.
Los graves cargos que se hicieron a los funcionarios públicos codemandados no fueron en ninguna forma desvirtuados en el proceso, ni se ofreció una justificación que pudiera cambiar las conclusiones en las investigaciones llevadas a cabo.
La serie
Lunes: Impunes anomalías con carreteras
Martes: MOPT rechaza dos vías
Miércoles: Titular del MOPT: "Si acusamos, no terminamos"
Jueves: Estado tras millonaria indemnización