Mario Zárate es director del Consejo de Transporte Público (CTP) desde el pasado 3 de julio y, como jerarca del órgano rector, admite que no está en su poder influir en la cantidad de códigos que posee cada empresa de porteo; tampoco en los montos que exijan por afiliación, aunque sean abusivos.
Sobre las placas del SEE Taxi: la mayoría (1.680) está en manos de siete empresas. ¿Qué medidas tomará? ¿Está considerando solicitar una reforma legal para evitar que sigan manejándolas?
Lo que puedo decir es que la ley es la ley, y si en este momento hay una concentración en unos pocos es porque el legislador así lo dispuso. Nosotros cumplimos la ley.
Pero ¿está entre sus planes trabajar para cambiarlo?
Este es un asunto que le corresponde exclusivamente al legislador. Yo no tengo facultades legislativas. La ley establece algunos parámetros una vez pasados los primeros tres años, y nosotros nos ajustaremos a lo que la ley dispone.
¿Qué opina de que una empresa cobre ¢1 millón por afiliarse? Los porteadores se han quejado de cobros abusivos.
Bueno, mi opinión es que no es lo más adecuado ni lo más deseable, pero es lo que está.
¿No le interesa modificarlo?
No es un tema que hicimos nosotros (el CTP). Nosotros ejecutamos la ley, pero nosotros no hicimos eso. Somos depositarios simplemente de ese tipo de autoridad por parte, en este caso, del legislador que así lo dispuso. El cambiar o no la ley es un asunto absolutamente parlamentario: si un legislador tiene una iniciativa para cambiar eso y nos pide la opinión nosotros se la daremos, por supuesto, desde el punto de vista técnico.
¿Apoyaría un cambio en ese sentido, que se otorguen los códigos a personas y no a empresas?
Yo apoyaré lo que se me consulte y lo que consideremos apropiado. En este momento anticiparme a decir ‘desearía esto o lo otro’ pues, la verdad que no es conveniente ni apropiado para mí como jerarca, porque podría malinterpretarse por parte del sistema. Entonces por supuesto que no podría opinar de esa manera en que me lo plantea.
Su opinión: ¿deberían de pertenecer las placas a los choferes?
Bueno, si usted me pregunta a mí, a título personal, eso sería lo deseable porque el espíritu que yo entendí siempre, como ciudadano regular, es que la situación para todas estas personas que estaban haciendo un esfuerzo por tener una herramienta de trabajo y llevar sustento a sus familias se debía hacer de la forma más democrática posible, por supuesto. Pero una cosa es eso y otra es lo que la ley dispone, y aquí yo estoy para hacer cumplir la ley.
Esta condición, ¿tuvo algo que ver con influencia política?
La verdad es que tampoco podría contestar eso porque sería mera especulación de mi parte. Eso no me consta y no puedo decirle ni sí ni no.
Sobre el caso específico de Carlos Guevara, en Guápiles, con la empresa Unaporte. ¿Puede el CTP intervenir en el cobro y defender al porteador en caso de despidos?
No podemos intervenir en una esfera en donde lo que está imperando es el principio de la autonomía de la voluntad. Es una contratación que se dio entre ellos. Desde el punto de vista de lo que está sucediendo en el ámbito privado, pues sí, es un infortunio que esté pasando eso, pero quienes pueden enderezar esas situaciones son nuestros legisladores; nosotros no.
No tiene forma de pedir cuentas a la empresa que cobra ¢1 millón.
Básicamente es que, como se otorga el código a personas jurídicas, se entiende que estas tienen gastos de carácter administrativo. Ahora, si están yendo más allá, ese es un asunto que está sucediendo en ese ámbito de la privacidad.