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Sociedad presidida por esposa de diputado libertario tiene 772 permisos

Siete empresas de porteo concentran 1.680 placas

Actualizado el 11 de julio de 2014 a las 12:00 am

Algunas firmas piden a choferes hasta ¢1 millón por uso de un código

Ministro del MOPT dice que investigará adjudicaciones para evitar ‘monopolio’

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Siete empresas de porteo concentran 1.680 placas

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Los exporteadores se manifestaron el lunes anterior para exigir al Ministerio de Transportes un reglamento que permita instrumentar la ley que creó el Servicio Espacial Estable de Taxi (SEE Taxi). | ALONSO TENORIO

Siete empresas de porteo concentran 1.680 códigos o placas del Servicio Especial Estable de Taxis (SEE Taxi).

Estos permisos representan el 65% de los 2.900 que otorgó el Consejo de Transporte Público (CTP), adscrito al MOPT, al amparo de la Ley N.° 8.955, aprobada por los diputados en el 2011.

La compañía Unión Nacional de Porteadores S. A. (Unaporte), es la que tiene el mayor número de permisos a su nombre, con 772.

Dicha empresa fue constituida en el 2004 por el ahora diputado José Alberto Alfaro, del Partido Movimiento Libertario.

Su esposa, de apellido Cordero, es quien preside la sociedad anónima desde marzo, luego de que Alfaro resultara electo legislador. La mujer también figura como asesora suya en el Congreso.

En las últimas semanas, Alfaro realizó gestiones ante el MOPT para exigir soluciones para el gremio. El miércoles confirmó esa mediación al tiempo que rechazó cualquier conflicto de intereses.

Cobros. Las otras seis empresas que se reparten la mayoría de códigos son: Agrupación de Porteadores Alajuelenses, con 258 códigos; Transpriva (con 149), Transportes Privados Carolina (con 177), Auto Transportes Privados Casber (con 126), Porteadores de Goicoechea Porgoico (con 118) y Semtra San Rafael (con 80).

Según facturas en poder de La Nación, algunas de estas sociedades, como Unaporte, alquilan las placas o permisos para que sean usados por choferes particulares.

Por esa posibilidad cobran hasta ¢1 millón, además de pagos semanales por sumas cercanas a los ¢40.000.

Así lo relataron a este diario al menos dos porteadores. Es el caso de Guillermo Villalobos, quien trabaja en Naranjo de Alajuela, y Ólger Espinoza.

Esta es una de las facturas que se suministraron  a este diario; en el documento se evidencia el cobro por la compra de ‘una franquicia’ a la empresa Unión Nacional de Porteadores  Unaporte S. A.  | ARCHIVO
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Esta es una de las facturas que se suministraron a este diario; en el documento se evidencia el cobro por la compra de ‘una franquicia’ a la empresa Unión Nacional de Porteadores Unaporte S. A. | ARCHIVO

“A uno le venden un campo para trabajar y le dicen que va a ser suyo. Hasta el día de hoy, no me han dado nada. En cada cantón hay un parqueo y es ahí donde se encargan de repartir los campos.

”Esto se ha venido dando para que la gente haga negocio. A un amigo y a mí nos vendieron el código en ¢1,2 millones ,y cuando tuvimos un problema con el administrador, nos lo quitaron”, añadió.

Según Villalobos, aparte de esa suma, se debe pagar una mensualidad de ¢100.000 y ¢25.000 más por usar la frecuencia de radio.

“¿Por qué no voy a pedir el código? Porque uno llega al CTP a preguntar y le dicen que solo a los representantes (dueños de permisos). Ellos están bien armados”, reclamó Villalobos.

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Por su parte, Espinoza aseguró que él y otros siete choferes perdieron su permiso cuando intentaron dejar la firma.

“Nos iban a poner una cláusula de que si yo me iba de la empresa o me llevaba el código, debía pagar ¢2,5 millones o me quitaban el vehículo. De los 15 compañeros, tiraron a siete afuera. Pagábamos ¢40.000 por semana”, narró.

Espíritu de la ley. La Ley N.° 8.955 fue creada para regular el servicio de taxis de porteadores y autorizó que operaran por medio de sociedades. Lo que no previó la ley fue que pocas empresas concentraran placas. En el caso de personas físicas, esta normativa solo permite un código y, hasta el momento, solo una persona logró obtenerlo.

Carlos Segnini, ministro de Transportes, se comprometió a revisar los permisos otorgados por el CTP, pues enfatizó que está en contra de cualquier ‘monopolio”.

“No me parece que pocos aglutinen tantos permisos cuando la esencia de la ley era democratizar el servicio y el trabajo”, manifestó.

Germán Lobo, vocero de las empresas de SEE Taxi y quien a su vez es jefe de despacho del diputado Alfaro, negó cualquier irregularidad. Según él, la legislación los faculta a cobrar por explotar “la franquicia” de cada empresa.

“Los conductores pagan una franquicia por el derecho de explotar una clientela de la empresa. ¿Qué es lo que sucede ahí? Es que tenemos gastos de servicios, Caja de Seguro Social, teléfonos que se deben pagar”, dijo Lobo.

Aseguró que ese permiso “ni se compra ni se vende”.

“Primero que nada, este servidor es liberal y no hay nada que deteste más que los monopolios, pero no puedo ser idealista cuando no tengo la pancita llena. Aquí, es un tema de lograr que la gente pueda seguir trabajando”, añadió. Colaboró Irela Fornaguera

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