Hasta un aguacero podría encarecer contrato de ruta 32

Expertos del denominado Grupo Consenso advirtieron de la existencia de un riesgo en el contrato que el Gobierno firmó con una empresa china para ampliar la carretera a Limón, debido a que en el convenio del préstamo no se detallan los alcances de los conceptos “fuerza mayor” y “caso fortuito”.

Estos son importantes para definir responsabilidades en caso de atrasos e imprevistos en las obras, los cuales implican cobros extra.

En las últimas dos semanas, los profesionales del ramo se reunieron dos veces con representantes del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para aclarar dudas.

Guillermo Loría, del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de Universidad de Costa Rica (Lanamme), señaló que una fuerte lluvia podría hacer que Costa Rica pague más que los $465 millones ya pactados.

“Al tener esa indefinición, eventualmente el contratista podría invocar fuerza mayor por cualquier aguacerito y entonces nosotros tendríamos que pagar más. Eso es de lo más preocupante”, dijo Loría.

Ese monto extra no está incluido dentro del 25% que Costa Rica ya aceptó pagar a la firma estatal China Harbour Engineering Company (CHEC) por concepto de riesgos.

Grupo Consenso está conformado por seis entidades relacionadas con el tema de obras, como el Colegio de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), el Lanamme y la Cámara de la Construcción (CCC).

Lo que le preocupa a la CCC es que Costa Rica tendrá que pagar el total del principal e intereses acumulados si incumple los acuerdos, acciones y obligaciones de los convenios. Eso ocurriría incluso si entrega un documento con errores o cambia sus leyes.

Al respecto, el jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Pedro Castro, reiteró que la figura de contratación de ruta 32 es “la más segura que ha elegido el Estado”.

“Tenemos el riesgo de encarecimiento de materiales cubierto, los ajustes de precios... Hasta donde yo entiendo y comprendo, la gran mayoría de los riesgos los asume el contratista”, exteriorizó el jerarca.

Servicios públicos. Por otra parte, el contrato establece que el Ministerio de Hacienda de Costa Rica debe destinar $20 millones de su bolsillo como contrapartida para la reubicación de servicios públicos y expropiaciones.

A falta de planos, no hay detalle de cuánto cuesta concretar la reubicación, por lo que Consenso cuestiona cómo se calculó esa cifra.

Incluso ya hubo quejas de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la Refinería Costarricense de Petróleo (Recope) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), pues hasta hace pocas semanas no se les había buscado para gestionarlo.

“¿Cómo no se coordinó eso antes? Esto no es de nada más tirar un monto. Esto requiere ir y preguntar a las instituciones por estimaciones de costos. Tenerlo en el aire, no”, reclamó Loría, del Lanamme.

Si la construcción de la carretera se frena por retrasos de reubicación de servicios, por ejemplo, Costa Rica deberá pagar una multa.

Asimismo, Consenso critica que la fiscalización de la calidad de la obra queda a criterio de un gerente y no de un grupo multidisciplinario. “Sin duda plantearemos que haya supervisión seria. El MOPT dijo que la pondría, pero no lo vemos ni por escrito ni en el convenio”, dijo Olman Vargas, del CFIA.

Para responder a esa inquietud, Pedro Castro se refirió a la redacción del texto sustitutivo del proyecto de ley. Este define que se contratará a un gestor de proyecto como supervisor.

El artículo establece que deberá ser una entidad internacional con vasta experiencia en supervisión, inspección, planificación y administración de obras viales.

Castro aseguró que los gerentes tendrán el apoyo del Lanamme, la Escuela de Ingeniería Civil de la UCR y la Escuela de Ingeniería en Construcción del Instituto Tecnológico, los cuales verificarán materiales, procesos y diseños.

Está pendiente una tercera reunión entre Conavi y Consenso. José Chacón, viceministro del MOPT, está anuente a hacer cambios.