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Consejo universitario alerta sobre vicios constitucionales en proyecto de ley

UCR: ‘Contrato para ampliar la ruta a Limón lesiona soberanía’

Actualizado el 27 de abril de 2014 a las 12:00 am

Ente estatal solicita a los legisladores que rechacen el proyecto, que está en revisión

Futuro ministro del MOPT objetará plan si este atenta contra la autonomía jurídica

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UCR: ‘Contrato para ampliar la ruta a Limón lesiona soberanía’

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El Consejo de la Universidad de Costa Rica (UCR) solicitó a los diputados que rechacen el proyecto de ampliación de la ruta a Limón debido a que presenta “serios vicios de constitucionalidad que lesionan la soberanía nacional”.

Según el órgano, resultaría lesiva para el país la aprobación del contrato que firmó, en junio pasado, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) con la firma china CHEC para ampliar 107 kilómetros entre el cruce de Río Frío y Limón.

El convenio entre Conavi y China Harbour Engineering Company (CHEC) establece que, mediante un préstamo con el gobierno chino, Costa Rica desembolsará $465 millones a esa constructora. Ese contrato, según la UCR, fuerza al país a renunciar a su potestad jurisdiccional debido a que cualquier conflicto deberá ser resuelto según las leyes del gobierno chino.

Asimismo, la única vía para dirimir las diferencias es asistir a una corte en China, recordó Guillermo Loría, del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la UCR.

Carlos Segnini, futuro ministro de Transportes, reveló que no aceptará que el Gobierno tenga que resolver eventuales discrepancias en Pekín y adelantó que rechazará todo lo que atente contra la soberanía jurídica de Costa Rica.

“Estoy en proceso de revisión del contrato y siguen pendientes las reuniones, pero sí adelanto que una cláusula que nos haga ir a dirimir a otro país y que nos someta a una normativa extranjera es un escape a la soberanía jurídica que, sin duda, objetaré”, declaró Segnini.

Pidió criterio. A solicitud de la Comisión de Hacendarios del Congreso, Francisco Aguilar, miembro del Consejo Universitario, coordinó una comisión especial para evaluar el plan y emitir su criterio.

El dictamen formal ya fue remitido a la Asamblea Legislativa.

El órgano colegiado reclamó la falta de transparencia en la totalidad del proceso de aprobación y criticó que de no ser por la insistencia de ajenos, los documentos oficiales nunca habrían salido a la luz.

Reclamó, asimismo, que se haya excluido el régimen de contratación administrativa a la hora de elegir a la empresa a cargo y que haga falta un anteproyecto completo que respalde el precio pactado.

“El eslabón más débil aquí es no tener un anteproyecto estructurado y preciso para definir el costo total. Esto ha generado criterios muy divididos y se ve reflejado en la imprecisión y el sobreprecio. La única salida es devolverse a esa etapa inicial”, declaró Francisco Aguilar.

El proyecto de ampliación, pendiente desde hace tres años,  incluye 107 kilómetros de carretera entre el cruce a Río Frío y la ciudad de Limón.  | ARCHIVO
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El proyecto de ampliación, pendiente desde hace tres años, incluye 107 kilómetros de carretera entre el cruce a Río Frío y la ciudad de Limón. | ARCHIVO

El funcionario enfatizó que se olvida el impacto ambiental al establecer plazos muy cortos para resolver la viabilidad que otorga la Secretaría Técnica Ambiental.

Los cuestionamientos de la UCR coinciden con los del Grupo Consenso, conformado por seis entidades relacionadas con el tema de obra vial, como el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, la Asociación de Carreteras y Caminos y la Cámara de la Construcción.

Según las entidades, el contrato no contempla qué sucedería en los casos de indemnización por demora y multas por incumplimiento de plazos. Tampoco establece quién se encargaría de supervisar y verificar el control de calidad de obras.

El 31 de marzo de este año, el Gobierno incumplió, por tercera vez, el plazo para firmar el préstamo y arrancar con la obra. Ya lo hizo en setiembre y diciembre del 2013.

El Conavi, entonces, se vio obligado a solicitar una nueva prórroga de la vigencia de la oferta técnico–económica por parte de CHEC. De acuerdo con la constructora, las condiciones originales del contrato de junio del 2013 no variaron.

La Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso estimó que el Consejo deberá pedir al menos una extensión más antes de que la Sala Constitucional emita veredicto.

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