Los autobuseros pasaron 14 años sin controles en la calidad del servicio que brindan a miles de personas.
Desde el año 2000, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo N.° 28.833, los operadores de rutas de autobús debían efectuar inspecciones sobre su función.
No obstante, atrasos en la elaboración de los manuales de evaluación, discusiones legales sobre los mecanismos de fiscalización y falta de recursos del Consejo de Transporte Público (CTP), provocaron que las empresas permanecieran 14 años sin presentar estudios sobre la calidad del servicio.
Hasta el 2014, luego de una gestión legal presentada por la Defensoría de los Habitantes ante el Tribunal Administrativo de Transportes, se obligó al CTP a presentar los análisis de calidad de cada concesionario.
El 2015 fue el primer año que se evaluó la prestación del servicio. Sin embargo, solo el 68% de los operadores cumplió con el requisito.
Además, la Dirección Técnica del Consejo solo ha validado las conclusiones de 11 informes. Tampoco ha tabulado los resultados de los análisis.
Aura Álvarez, directora técnica del Consejo, argumentó falta de personal para poder revisar los documentos entregados por los transportistas.
Para el próximo año, el CTP tiene planeado contratar una empresa que se encargue de la revisión de los estudios que entreguen los concesionarios, en enero de 2017.
En el país existen 470 rutas de autobús, distribuidas entre 258 concesionarios y 153 permisionarios. La figura del permisionario se aplica para zonas rurales en las que una persona asume la operación de una ruta ante la falta de empresas que ofrezcan el traslado de pasajeros.
Los transportistas que no entreguen las inspecciones, se exponen a perder su concesión.