Aunque recibieron la adjudicación hace un año y poseen vehículos nuevos para dar el servicio en el aeropuerto Juan Santamaría, 100 taxistas aún no pueden trabajar allí.
A petición del Ministerio Público, el Juzgado Penal de Alajuela suspendió la formalización de los permisos en enero. La Fiscalía está investigando supuestas irregularidades ocurridas en el proceso.
Molestos por esta situación, un grupo de conductores protestaron ayer frente a la Casa Presidencial, en Zapote. Tras una hora de espera, el Gobierno se comprometió a atenderlos la próxima semana.
Los afectados piden que les entreguen las placas para empezar a trabajar. Según ellos, las deudas por la compra del carro empezaron a correr hace cinco meses y temen perder el vehículo.
“Estamos pagando los créditos, pero los carros están en los patios de las empresas que nos los vendieron y nos preocupa quedarnos sin vehículos y sin placas. Solo queremos trabajar”, dijo Douglas Arias, presidente de la cooperativa que agrupa a 75 de 100 adjudicados.
Según Arias, la tardanza se debe al mal funcionamiento del Consejo de Transporte Público (CTP), que vela por las concesiones de transporte público en las modalidades buses y taxis. También atribuyó la demora al interés de otras empresas no adjudicadas por entorpecer la formalización de los permisos.
Cynthia Quesada, quien obtuvo un código de transporte, aseguró que, debido al atraso, se encuentran en problemas económicos.
“Los carros están en bodegas desde hace meses y los préstamos los estamos pagando con lo que podemos”, indicó Quesada.
Tribunales. Mario Zárate, director del CTP, confirmó que atenderá a estos taxistas. No obstante, afirmó que la solución no depende de ese consejo, sino de lo que resuelvan los tribunales.
La medida que tomó el Juzgado se debe a una investigación por el supuesto delito de falsedad ideológica, específicamente porque algunos taxistas habrían presentado títulos de inglés falsos entre los requisitos para obtener la placa.
“Definir la formalización de los permisos no depende de nosotros; depende de la vía judicial que dictó la medida cautelar. Hablar de plazos es una mera especulación y debemos esperar a los entes judiciales”, sostuvo Zárate.
La investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) comenzó por una denuncia anónima de que 40 de los oferentes habrían presentado títulos de inglés falsos.
En la terminal aérea trabajan vehículos de la empresa Taxis Unidos con un permiso temporal. Esta firma ha estado allí desde 1991 como permisionaria, pero debe dar paso a los nuevos adjudicados.
En el 2010, el CTP comenzó la licitación para recibir ofertas y concesionar las 100 placas.
Este proceso culminó en el 2013, pero el Tribunal de Alajuela suspendió la formalización, situación que se mantiene hasta la fecha.