Taxistas reclaman frente a tribunales de San José una decisión de Sala IV

Un grupo de taxistas tomó los alrededores del edificio de la Corte Suprema de Justicia, en San José, para exigir a la Sala Constitucional que resuelva una acción que podría cambiar la situación de Uber en Costa Rica.

Se trata de una gestión presentada por el diputado Otto Guevara, del Movimiento Libertario, contra la ley que creó el servicio especial de taxis, número 8955. La decisión de los magistrados, eventualmente, podría legalizar la operación de esa plataforma para ofrecer transporte.

Uber fue declarado ilegal por el Consejo de Transporte Público (CTP) desde setiembre del 2015.

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Rubén Vargas, presidente de la Unión Costarricense de Taxistas, reclamó además que aparte del perjuicio que sufren con Uber, tienen que enfrentar las exigencias del Consejo de Transporte Público (CTP) para cambiar los vehículos que usan para dar el servicio.

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"No es posible que el taxista al día de hoy se le está robando más del 60% del trabajo. No es posible que el taxista el día de hoy, con ese 60% de trabajo robado, el CTP le está congelando las placas a los taxistas que no han cambiado los modelos 2000 y 2001 ¿cómo van a cambiar el carro si se están muriendo de hambre?, expresó el dirigente.

Según él, unos 200 transportistas se agruparían en San José al tiempo que aseguró que estarían en todos los circuitos judiciales del país.

Gílberth Ureña, presidente del Foro Nacional de Taxistas, advirtió de que la decisión de los altos jueces no puede postergarse "ocho días más", porque la incertidumbre de las familias de sus agremiados es muy grande.

"Se nos puede desbordar la lucha que sigue", advirtió.

Según Ureña, saben que está listo un borrador del fallo desde noviembre, saben que ya concluyó el plazo para recibir nuevas pruebas. Por eso, exigen una decisión pronta.

Los transportistas también se quejan de que hay un desequilibrio en el trato, pues aplican las normas contra ellos pero –reclaman– no contra el transporte informal.

Según Ureña acudirán al Viceministerio de Transportes y, si es necesario, al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, para evitar que les quitan las concesiones.