Las discordias generadas por dudas sobre los requisitos para que el Consejo de Transporte Público (CTP) pueda otorgar o renovar las concesiones a las empresas autobuseras, motivaron la intervención de la Procuraduría General de la República, que ahora tendrá que dar su criterio legal.
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) insiste en que es necesario exigir los estudios técnicos y de calidad de servicios al otorgar tales permisos, pero el CTP reitera que estos no son indispensables.
A falta de un acuerdo, la semana pasada el regulador general Dennis Meléndez envió una carta a la procuradora Ana Lorena Brenes para que, mediante un criterio legal, establezca cuál de las dos entidades tiene la razón.
“No le confiamos ya nada al CTP. Todo lo aprueban, tal y como lo pidan los empresarios (...) se lo cumplen”, expresó Carolina Mora, vocera del ente regulador.
Una vez que el Consejo aprueba a una concesión, la Aresep debe revisar el trámite y refrendar el contrato. Sin ese visto bueno, la compañía transportista no estaría autorizada a dar el servicio.
Estas licencias son válidas por siete años. La ultima renovación se realizó en el 2007 y venceráen octubre próximo.
“Así como está la situación, cada vez que recibamos las concesiones exigiremos la presentación de los estudios técnicos. Si no vienen, simplemente se les rebota”, advirtió la vocera de Aresep.
Pese a los cuestionamientos, el CTP aprobó la semana pasada la renovación de 148 concesiones a empresas de buses.
Disputa. El regulador Meléndez recordó que la ley 3503 es la que establece que, para refrendar contratos, adendas o renovaciones de concesiones en operación, la Aresep debe tener los estudios técnicos.
Esos análisis le permiten conocer las condiciones reales y actualizadas de operación de las rutas. Son los insumos para aprobar, o no, los ajustes tarifarios, e incluyen datos de demanda, cantidad de flota, edad y tipo de autobús.
Si la Aresep se niega a refrendar una concesión, la única alternativa para el CTP, órgano adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), es dejar de dar concesiones y a cambio, otorgar permisos por periodos cortos.
“A nosotros nos ha pasado, al menos cuatro veces, que rebotamos una concesión y 10 minutos después las empresas tienen un permiso nuevo”, reclamó Mora.
Por su parte, la Defensoría de los Habitantes se pronunció en contra de la actual metodología del CTP al señalar que no se toma en cuenta el criterio de los usuarios.
Defensa. El alegato del MOPT es que al ser un proceso de renovación de concesiones y no de otorgamiento de nuevas, “no existe fundamento legal para solicitar los estudios técnicos”. Además, asegura que las condiciones del mercado no han variado mucho en los últimos siete años.
Pero la Aresep difiere, al calificar de “importantísimos” cambios como la incorporación de las intersectoriales, puentes nuevos, ríos que cambiaron su curso y el desplazamiento de demanda.
La Nación trató de hablar con Pedro Castro, jerarca del MOPT y único vocero autorizado del CTP, pero ni él, ni su asesora de prensa, devolvieron las llamadas.