En dos semanas el Estado decidirá si impone la restricción vehicular en varios tramos de las autopistas General Cañas, Florencio del Castillo y la ruta 32.
En la vía a Guápiles, la limitación regiría desde el restaurante Rancho de Doña Lela, en Santo Domingo de Heredia.
La medida también se implementaría en diferentes trayectos de la ruta 3 (Alajuela-Heredia-San José) y la ruta 3 (Heredia-Santo Domingo-Tibás).
Esta normativa, instaurada desde el 2002 para el casco josefino, consiste en prohibir el tránsito de autos, según el último número de la placa, un día a la semana, de 6 a. m. a 7 p. m.
La decisión dependerá de un estudio que prepara la Dirección de Ingeniería de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Carlos Villalta, jerarca del MOPT, dijo que el informe estará listo en unas dos semanas y a partir de sus recomendaciones se tomarán las medidas.
El ministro agregó que el análisis se inició meses atrás a raíz del grave congestionamiento vial que sufren las principales carreteras del país.
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De acuerdo con datos de la Policía de Tránsito, al área metropolitana de San José ingresan 300.000 vehículos todos los días.
Si se extiende la prohibición de circulación por estas vías, aplicaría de 6 a. m. a 7 p. m. y solo por tramos, no en la ruta completa.
Villalta concluyó que también se debe analizar si la Policía de Tránsito está en la capacidad de controlar la restricción vehicular en las nuevas condiciones.
El estudio del MOPT contempla definir si es viable o no habilitar carriles exclusivos para buses hacia Cartago y Heredia y extender el horario de restricción de ingreso a San José para los camiones de carga.
En la ruta 27, por estar bajo una concesión privada, el Estado no puede definir esa restricción.
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Oposición. La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) se opone a la ampliación.
“En Uccaep consideramos que los congestionamientos no se solucionan con más restricción vehicular.
”Una ampliación de este tipo repercutiría en mayores costos de distribución y logística, con el consecuente aumento en el consumo de combustibles y contaminación”, comentó Víctor Ruiz, Presidente a.i . de Uccaep.
Ruiz añadió que la flexibización de las jornadas laborales podría contribuir con el plan.
La multa por violar la restricción es de ¢22.000. Hasta el 31 de mayo se habían confeccionado 6.375 partes por esta conducta , en 2015 se realizaron 11.158 boletas.
Entre los años 2013 y 2014 se hicieron 33.696 infracciones.
Mario Calderón, director de Tránsito, ha expresado las limitaciones para hacer respetar la restricción. Su principal argumento es la falta de tráficos: tiene unos 700 efectivos para todo el país.