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MOPT desaloja precarios para recuperar los derechos de vías

Actualizado el 04 de mayo de 2016 a las 12:00 am

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MOPT desaloja precarios para recuperar los derechos de vías

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El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) notificó en marzo a 23 familias del precario Las Brisas de Rossiter Carballo para que desalojaran el derecho de vía de la autopista General Cañas, muy cerca del puente sobre el río Virilla. En la tercera semana de abril se completaron los desahucios, las familias fueron reubicadas y solo falta limpiar el terreno.

En la segunda semana de mayo, las autoridades tienen previsto informar a otras 170 familias del precario La Cuesta del Fierro, en San Rafael de La Unión, que deberán desocupar los ranchos o las casas que invaden la carretera vieja hacia Cartago.

De esta forma, el Ministerio pretende recuperar el derecho de vía para facilitar la ampliación de la carretera San José - San Ramón, prevista para el 2017 y completar la colocación de barreras de seguridad en la ruta hacia la Vieja Metrópoli.

La decisión de ‘limpiar’ la vía se debe a los planes de renovación en 20 kilómetros de la carretera Florencio del Castillo. Además, las autoridades quieren reducir el riesgo de accidentes en la zona, ya que muchas de las estructuras están muy cerca de la superficie por la que circulan 60.000 vehículos diariamente.

“Estamos culminando la etapa previa para tener los expedientes con los datos respectivos de cada familia. Esta notificación se da por varios temas, lo primero es que hay estructuras que están a la orilla de la calle y eso pone en riesgo la vida de las personas y la segunda es por los proyectos de infraestructura vial que se tienen”, sostuvo Barboza.

Luego de que las familias de ese asentamiento sean notificadas, tienen otras dos semanas para impugnar la medida ante Inspección Vial y Demoliciones y, dependiendo de los argumentos presentados, se procede o se detiene el desahucio, según lo establece la Ley de Administración Pública. Sin embargo, en ese precario, que cumple casi dos décadas de existir, las familias ya están analizando acciones para quedarse.

“Estamos esperando la notificación para acudir a la Sala Constitucional a impugnar el desalojo, de momento no hemos pensado en otra alternativa” manifestó Rónald Hernández, quien ya cumplió nueve años de vivir en esa localidad.

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Él habita en un rancho con su esposa y cinco hijos, todos menores de 9 años. Asegura que la convivencia entre vecinos es bastante buena, al punto que se han reunido con frecuencia en las últimas semanas para hacerle frente al desalojo.

“Nos han dicho que por la colocación de las barandas tenemos que quitar los carros, pero eso también cerraría el acceso a las casas”, agregó Hernández.

El desalojo de estas 170 familias podría atrasarse si las apelaciones se elevan ante el despacho del ministro, Carlos Villalta, o si avanza a un proceso contencioso administrativo.

Sin embargo, antes del desalojo, el MOPT debe coordinar con diversas instituciones sociales, con la finalidad de garantizar soluciones de vivienda alternativas para las familias que habitan en el asentamiento.

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