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Proyecto para que firma china amplíe vía a Limón pasó de $300 millones a $465 millones en un año

Informes relámpago justificaron alza de 55% en costo de ruta 32

Actualizado el 19 de marzo de 2014 a las 12:00 am

Tres entidades consideran que estudios carecían de suficiente respaldo

Precio final de la obra lo estableció la empresa china CHEC en el 2012

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Informes relámpago justificaron alza de 55% en costo de ruta 32

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Los arreglos en 107 kilómetros de la ruta 32, desde el cruce a Río Frío hasta Limón, estarían a cargo de la empresa china CHEC. Según el proyecto actual, algunas de las obras por construir son 36 puentes mayores, 13 pasos a desnivel superior, 11 retornos y 4 intersecciones canalizadas. | JORGE NAVARRO

Basado en dos análisis externos que se elaboraron en 15 días, cada uno, el Gobierno justificó el monto de $465 millones solicitado por la constructora china CHEC para modificar y recalcular el costo del proyecto que busca ampliar la carretera hacia Limón.

Para firmar el contrato, en junio del 2013, el Consejo Nacional de Vialidad se basó en un solo estudio: el de la consultora mexicana Cal y Mayor, que se hizo en 14 días. Este fue considerado escueto e insuficiente por tres entidades técnicas. Tres meses después de la firma y para corroborar la cifra, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) contrató otro análisis al Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) con un condicionante: que lo hiciera en 15 días.

¿Cómo se definió el costo del plan para ampliar a cuatro carriles la vía de 107 kilómetros entre el cruce a Río Frío y Limón, ruta 32?

Cuando se firmó el contrato, a mediados del año pasado, Costa Rica aceptó pagar $165 millones adicionales (un 55% más) con respecto a la estimación inicial de la obra ($300 millones), calculada en febrero del 2012 por la firma mexicana.

El precio final de $465 millones lo fijó la constructora China Harbour Engineering Company (CHEC) en diciembre del 2012 tras recibir requerimientos adicionales de obras, por parte del Conavi, como ciclovías y vías para buses.

En enero del 2013, para justificar el precio el Consejo pagó $18.000 a Cal y Mayor por un nuevo estudio.

Ese análisis se elaboró en solo 14 días y consistió en valorar la razonabilidad de precios según un nuevo plan de obras que el mismo Conavi confeccionó.

Un memorando entre CHEC y Costa Rica revela que el informe que elaboraron los mexicanos contaba “con información parcial o mínima en aspectos tales como topografía, cartografía, medidas de impacto o mitigación ambiental”.

El estudio de la consultora, que incluyó un 25% por riesgos, recibió múltiples críticas de varios diputados y especialistas en obra vial.

El Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), de la Universidad de Costa Rica, y la Cámara de la Construcción (CCC) consideraron que el informe es poco claro y no justifica el cambio en materiales, obras y rubros.

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Los profesionales reclaman que antes de definir un presupuesto, se debe hacer un anteproyecto serio, estudios y diseños preliminares.

Según Randall Murillo, director de la CCC, tras múltiples cuestionamientos el Conavi sacó a relucir, la semana pasada, un anteproyecto “sencillo, simple, armado a partir de un método rudimentario”.

Olman Vargas, director del CFIA, advirtió de que los imprevistos o riesgos en procesos constructivos rondan el 5% o 10%, “jamás” el 25% previsto por la consultora. Ese porcentaje ($94 millones), que se pagaría extra, podría ahorrarse si se hicieran, de previo, los diseños y los estudios que, según la propia Cal y Mayor, costarían $8 millones.

“En construcción, si se define un riesgo del 25%, algo está mal y es obligación devolverse”, dijo Aarón Morales, asesor técnico de la CCC.

El dinero no es reembolsable en caso de que no exista el riesgo. El contrato obliga a que el país cancele la totalidad de lo pactado.

Guillermo Loría, del Lanamme, reclama “la ligereza” del Conavi en que, nueve meses después de firmar, no dispone de un único archivo sobre el plan, sino que para cada cuestionamiento saca otro texto.

De hecho, hace dos semanas Lanamme, la CCC y CFIA aún no habían logrado el acceso al contrato.

El ministro de Transportes, Pedro Castro, insistió en que el informe complementario del 2013 basta para respaldar el precio previsto.

Castro explicó que la modificación de costos se dio porque el estudio del 2012 fue preliminar, y luego el Conavi decidió ampliar obras.

Mientras el ministro insiste en que tal informe es justificable por sí solo, el viceministro de Transportes, José Chacón, asegura que se limita a valorar la razonabilidad de un proyecto ya establecido.

“La segunda vez le dijimos a Cal y Mayor: ‘Valore la razonabilidad del precio de este proyecto’. Le dimos el proyecto definitivo y ese es el que debía valorar; no tenía por qué referirse a los cambios con respecto al primero. No se lo pedimos, pues no pensamos sufrir tal oposición” .

Justificante. Cuando se le consultó por los estudios que, según Castro, respaldan el precio pactado, el ministro trajo a colación (además del texto de Cal y Mayor del 2013) un estudio del Conavi que fijó un precio de $493 millones y otro análisis del ITCR, de $488 millones.

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Pero esos análisis de razonabilidad de precios son posteriores a la firma del contrato: de julio y setiembre del 2013, respectivamente.

Ayer, Castro detalló un cuarto análisis, por parte de la Asociación de Carreteras y Caminos de Costa Rica (ACCCR).

Así como el de Cal y Mayor, el estudio del Tecnológico también fue cuestionado porque el MOPT le solicitó que rindiera, en solo 15 días, una razonabilidad de precios. Aunque reclamó que para hacer un informe completo requería de tres meses y advirtió de que se basaba en “diseños muy preliminares”, el ITCR fijó la cifra como razonable.

Hugo Navarro, director de la Escuela de Ingeniería en Construcción del ITCR, aclaró que la falta de tiempo e información poco precisa obligó a los investigadores a concluir basados en supuestos.

Pese a reconocer que ese análisis no fue exhaustivo, el ministro dijo que “sirve de complemento”.

“Lo que se tiene es un precio único que estableció CHEC sobre una serie de parámetros poco claros. Luego viene el MOPT y se basa en una serie de supuestos, que no se sabe si son los mismos de CHEC, para tratar de verificar si el monto que ya se admitió es razonable. Así no funcionan las obras de ingeniería”, dijo Olman Vargas, del CFIA.

“Tantos presupuestos con diferencias tan marcadas preocupa. Aquí parece que primero se definió un número y después estamos tratando de ver cómo llegarle”, coincidió Randall Murillo, de la Cámara.

El convenio “Gobierno a Gobierno” define que el Gobierno de China y el Banco Eximbank se encargarían del préstamo a Costa Rica por $395 millones, a un plazo de 20 años. Costa Rica aporta el resto del dinero, además de $20 millones adicionales por expropiaciones y reubicación de servicios públicos.

El pago de intereses por parte de Costa Rica en esas dos décadas equivale a $114 millones.

El proyecto de ley ya fue dictaminado en el Congreso. Si resultara aprobado, la constructora CHEC invertiría 16 meses en los diseños y 34 en la construcción. La modalidad “suma alzada” la obliga a asumir cualquier gasto extra.

CHEC se vio salpicada en los últimos años por escándalos en otros países. Sin conocer los antecedentes, Castro aceptó la firma con base en una carta de recomendación del ministro chino, Yan Chuantang.

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