En Jacó, Puntarenas, una empresa vende placas de Servicio Especial Estable de Taxi (SEE Taxi) con financiamiento.
Por medio de anuncios en Internet, ofrecen 20 placas para operar en esa localidad.
La Nación llamó por teléfono a los encargados de esa compañía; sin embargo, no hubo respuesta de los representantes.
Francisco Barrantes, porteador del cantón de Pococí, aseguró que este tipo de empresas llegan a cobrar hasta ¢1 millón por entregar una placa.
Según Barrantes, ese pago solo le permite a la persona explotar el código, pero la empresa sigue siendo la propietaria de la placa y en cualquier momento puede quitársela.
“Yo tenía cinco años de asociado a Unaporte y la semana pasada me sacaron a mí y a otros 49 compañeros sin razón alguna. Ahora quedamos como ilegales”, expresó Barrantes.
Para este porteador, el problema se genera desde el Consejo de Transporte Público (CTP), pues con un cambio de unidad de la placa, se sustituye al dueño del permiso.