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Socialcristiano Humberto Vargas presentó documentos esta tarde ante Procuraduría General de la República

Diputado denuncia posible falsificación de actas en Consejo de Transporte Público

Actualizado el 07 de mayo de 2015 a las 05:23 pm

Congresista presentó documentos que sugieren una alteración de textos en un acta donde se renovaron concesiones de autobús de varias rutas nacionales donde participó un empresario que, además, es el representante de los autobuseros en el Consejo 

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El diputado Vargas el 7 de mayo cuando presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República por una supuesta alteración de un acta en el Consejo de Transporte Público. Junto a él, Marita Murillo, asistente administrativa quien le recibió la denuncia. (Juan Fernando Lara )

San José

El diputado Humberto Vargas Corrales, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) presentó hoy en la Procuraduría General de la República una denuncia por una posible alteración de un acta correspondiente a una sesión ordinaria del Consejo de Transporte Público (CTP) del 24 de setiembre del 2014; ocasión cuando renovaron concesiones de autobús en varias rutas del país.

A media tarde, Vargas acudió a la Procuraduría donde aportó como prueba de la supuesta alteración una copia digital y otra física del acta certificada y del acta que habría sido alterada en donde aparece que Juan Carlos Soto, representante de los autobuseros y empresario de autobuses, supuestamente se inhibe de votar y abandona la sala de la reunión para posteriormente volver a la misma; información que según Vargas, no se consigna en el acta original.

Dada "la gravedad de los hechos", según consta en la denuncia presentada por el congresista, el diputado solicita a la Procuraduría de la Ética Pública incautar "de inmediato" el libro de actas del CTP y darle trámite a su denuncia. 

A partir de este punto, el procurador de la Ética, Rónald Víquez, asignará el caso a uno de los procuradores y notificará al denunciante acuse de recibo del caso.

No obstante la denuncia, el director ejecutivo del CTP, Mario Zárate, descartó que existiera una alteración de documentos. 

"Como he reiterado, definitivamente la ignorancia en algunos temas le da valor a las personas para atreverse. Lo primero que hay que tener claro es que no existe ninguna alteración de las actas. Lo que pasa es que el señor diputado está muy confundido; una cosa es el acta (una transcripción literal de la sesión) y otra es el contenido del acuerdo tomado. En el acuerdo, se hace una transcripción en lo conducente, es decir, qué fue lo que se aprobó", explicó Zárate. 

Según el director ejecutivo, el acuerdo lo que se detalla no es quiénes votaron, sino el resultado de la votación se transcribe cuál fue el acuerdo.

"La comparación que él esta haciendo es de un acuerdo en papel, en poder el congresista, y una certificación en documento PDF del acta; son dos cosas diferentes", afirmó Zárate. 

Además, agregó, las actas se empastan en tomos con papel de seguridad y en ellas figuran las firmas del presidente del Consejo y las secretarias.

"Ese tomo del 2014 está en custodia de la auditoría del CTP y está a disposición de cualquier autoridad judicial para que pueda corroborar que efectivamente, lo que se dice en esa acta, es lo mismo que se le certificó al congresista en el documento PDF que se le entregó", afirmó Zárate.

"El señor no puede hacer una comparación como la que intenta hacer por las razones que indiqué. El acta el literal de la sesión y acuerdo es en lo conducente sin que se altere, condicione o restringa lo transcrito", concluyó el director ejecutivo.  

En marzo, el Poder Ejecutivo ordenó abrir un procedimiento administrativo para investigar el nombramiento del empresario Juan Carlos Soto en el CTP.

Soto es dueño de Eurobús, una firma importadora de autobuses de las marcas Scania y Volkswagen y también maneja varias rutas de transporte público. Él fue designado en el CTP desde junio del 2014.

La orden se giró tras conocer el informe AEP-INF-001-2015 de la Procuraduría de la Ética Pública, originado por una queja de la Asociación Pro Defensa de los Usuarios de Servicios Públicos (Asoprousuario).

Sin embargo, desde junio pasado la empresa fabricante de autobuses, Daewoo Bus Costa Rica S. A., argumentó que el cargo le daba a Soto una “gran influencia” sobre empresarios del sector de transporte público.

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Juan Fernando Lara S.

jlara@nacion.com

Periodista

Redactor en la sección Sociedad y Servicios. Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio Redactor del año de La Nación (2012). Escribe sobre servicios públicos, tarifas y telecomunicaciones.

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