La política salarial para el sector público este año será restrictiva, acorde con las metas de reducción de gastos planteadas al Fondo Monetario Internacional (FMI), informó el ministro de Hacienda, Fernando Herrero.
Eso implica un ajuste total este año que andaría muy cerca de la inflación estimada por el Gobierno, del 10 por ciento.
El titular de Hacienda aseguró que la única forma de hacer aumentos salariales mayores es que se reduzca más la planilla con la salida de empleados del sector público. La merma en el empleo público se está realizando al amparo de un programa de movilidad laboral voluntaria y mediante reformas en las instituciones públicas.
Este año el gobierno debe mantener un fuerte ajuste en sus finanzas públicas, pues el déficit fiscal debe bajar de ¢70.000 millones, en 1995, a unos ¢30.000 millones (del 3,5 por ciento del Producto Interno Bruto al 0,5 por ciento).
Eso implica que las erogaciones en el Gobierno central debe mantenerse muy limitado. Un 30 por ciento del gasto corriente corresponde a sueldos y salarios.
Según la firma Consejeros Económicos y Financieros (CEFSA) el renglón de sueldos y salarios en el Gobierno central crecería de 1995 a 1996 en un 15,5 por ciento. De 1994 a 1995, en que la política salarial también fue reestrictiva, el crecimiento fue del 23 por ciento y lo había sido del 29,1 por ciento de 1993 a 1994, según cifras de Hacienda.
El ministro Herrero indicó que la planilla tiene un crecimiento automático por efecto de incentivos y otros beneficios del 13 por ciento, en lo cual no se incluye el aumento salarial de principios y mediados de año.
El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vargas, dijo que para este año, según había definido el Gobierno desde 1995, el aumento salarial global no pasaría del 10 por ciento. "Ya dieron un 5 por ciento, entonces es de esperar otro igual o menor", comentó.
Sin embargo, aseguró que "derrotarán" esa política salarial y que preparan una huelga general en el sector público.
Justicia salarial
En la próxima alza se pretende además corregir un desequilibrio salarial que existe entre funcionarios con puestos similares en diferentes dependencias públicas. Según Herrero el Gobierno central está muy por debajo del resto del sector público.
El ajuste para reducir o eliminar esas diferencias se daría por directriz de Autoridad Presupuestaria.
Empero, el dirigente sindical manifestó que en otras oportunidades se ha planteado esto y no se ha hecho.
Según Herrero la política salarial debe ser restrictiva para cumplir con el convenio con el FMI vigente para este año.
La Carta de Intenciones de este acuerdo establece que "el gasto por salarios del Gobierno central se reducirá del 5,7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 1994 a 5,4 por ciento en 1996". Durante 1995 ese gasto representó un 5,5 por ciento de la riqueza generada en el país.
El acuerdo agrega que "las metas del gasto solo podrán ser alcanzadas si se contiene el gasto en salarios, pensiones y otras transferencias que han tenido un crecimiento rápido en los últimos años".
La reestructuración de instituciones también representa un ahorro en los gastos por planilla y esperan que produzca resultados este año. Así, indicó, la reforma en aduanas hizo que se redujera a la mitad el gasto en salarios. Allí dejaron su puesto 186 personas, lo cual representa un 19 por ciento del total.