Un mes antes del cambio de gobierno, el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) firmó una convención colectiva con sus 569 trabajadores, sin contar con la supervisión del Ministerio de Trabajo.
El acuerdo, suscrito el 3 de abril, debía someterse a la revisión de la Comisión de Convenciones Colectivas, conformada por representantes de los ministerios de Trabajo, Hacienda y Presidencia, así como de la Dirección del Servicio Civil. Esa revisión se hace para garantizar que los beneficios tengan presupuesto y estén acordes a la normativa laboral.
Sin embargo, el sindicato y el Inder omitieron ese paso. Por esta razón, cuando el Ministerio de Trabajo descubrió el acuerdo, lo dejó sin efecto para examinarlo.
La situación surge con el anuncio del Gobierno de revisar las convenciones colectivas y la renegociación de las cláusulas abusivas. La medida responde a un intento por reducir gastos.
Entre los beneficios de la convención, están permitir al sindicato usar carros y choferes de la entidad hasta por cinco días, licencias por horas con goce de salario para acudir a clases, para ir a matricular hijos en centros educativos, para cambiarse de casa y hasta tres meses sin goce de salario para hacer pruebas de trabajo en otras empresas. Aún no está previsto cuánto le costará al Estado este pacto.
Revisión obligatoria. Hárold Villegas, viceministro de Trabajo y presidente de la Comisión de Convenciones Colectivas, explicó que un decreto del 2001 ordena pasar todas las convenciones por el control de la Comisión. “Si bien es cierto esa convención (del Inder) se firmó entre las autoridades y el sindicato, no pasó por la Comisión y por eso no es válida”, sostuvo Villegas.
En su criterio, no debió negociarse una convención a días del cambio de gobierno porque comprometía a las nuevas jefaturas.
Ricardo Rodríguez, actual presidente ejecutivo del Inder, coincidió en que fue “irresponsable” la manera en la que se firmó esta convención. “No estamos en contra de la convención; estamos en contra de la forma en la que se apresuró”, manifestó.
Por su parte, Víctor Carvajal, expresidente del Instituto, dijo que la convención se negoció en una comisión interna, integrada por abogados de la institución y del sindicato. “Lo que hizo fue actuar según las recomendaciones jurídicas, no pensando en si había que consultarlo aquí o allá. No se pensó, en ningún momento, que se iba a hacer algo a espaldas de nadie”.
Diferencias. Francisco Cruz, secretario general de la Unión Nacional de Empleados del Inder (Uneinder), afirmó que existe un atropello a la convención firmada en abril y desacreditó las acciones de la Comisión de Convenciones.
La Procuraduría General de la República, que funge como abogado del Estado, afirmó en el oficio C323-2014, del 8 de octubre, que la convención posee fuerza de ley y que “únicamente” puede ser derogada por los Tribunales de Justicia. Cruz no descartó llevar este caso a tal instancia.
Trabajo estima que el dictamen de la convención colectiva del Inder estaría listo en tres semanas.