Esta medianoche vencerá el plazo dado por la Sala IV para la desconexión de los servicios de la empresa estadounidense de telefonía celular Millicom, y el gobierno aún no sabe si esa compañía podrá firmar hoy un contrato de arrendamiento de equipo con Radiográfica Costarricense (RACSA) para no perder la inversión.
Mientras tanto, anoche a las 11:00 p.m. continuaban las conversaciones entre sindicatos del ICE y representantes gubernamentales para evitar el inicio de un paro indefinido de labores, que debería empezar esta mañana en el ente responsable de la energía y las telecomunicaciones.
En las conversaciones, que iniciaron el jueves pasado y se prolongarían hasta esta madrugada, participaban ayer el ministro de Recursos Naturales, René Castro; el viceministro, Marco Antonio González, y el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Teófilo de la Torre.
Por el Frente de Organizaciones Laborales (FOL) del ICE estaban presentes los dirigentes Mayid Halabi y Dennis Cabezas. Los sindicalistas aducen que el pacto con Millicom viola la soberanía y el patrimonio nacional.
Incertidumbre es la palabra que caracteriza este día. El primer vicepresidente de la República, Rodrigo Oreamuno, confirmó ayer que el Poder Ejecutivo está a la espera de un pronunciamiento de la Contraloría General de la República, que determinará si el contrato entre ambas firmas es jurídicamente aceptable.
El contrato entre RACSA y Millicom es la fórmula sugerida por el gobierno para evitar que Estados Unidos imponga sanciones comerciales a Costa Rica, por afectar a una empresa de capital estadounidense.
La exclusión del país de los beneficios de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, sería uno de los primeros efectos, según Oreamuno. Si eso ocurre, los exportadores nacionales sufrirían un aumento en los impuestos para el acceso de sus productos a los Estados Unidos.
El viernes anterior, la Procuraduría General de la República emitió un dictamen, no vinculante, en el que expresó su respaldo al contrato entre las compañías, aunque objetó el que el pago del alquiler de los equipos sea mediante un porcentaje de los ingresos.
El gobierno espera que la Contraloría presente su dictamen hoy antes del mediodía, para proceder de la forma que corresponda.