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Revuelta por acuerdo con Millicom

Actualizado el 27 de abril de 1995 a las 06:43 pm

Sindicatos del ICE reiteran llamado a huelga

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Revuelta por acuerdo con Millicom
La empresa de telefonía celular Millicom pretende mantener control parcial sobre la operación y administración de ese servicio después del 9 de mayo, pese a una prohibición constitucional, de acuerdo con un borrador del contrato signado entre esa empresa y Radiográfica Costarricense (RACSA), el pasado 12 de abril.

La Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía (ASDEICE) reveló ayer el documento, denunció violaciones a las leyes costarricenses y reiteró el llamado a una huelga por tiempo indefinido, en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), a partir del 9 de mayo.

Ese mismo día también probablemente entrarán en paro de 48 horas todas las entidades del Estado para protestar, entre otros motivos, por el acuerdo y el recorte de plazas en el sector público. Algunas de las atribuciones que probablemente conservará la firma estadounidense serían el control de la facturación, servicio al cliente entre semana, el 66 por ciento de los ingresos anuales, la construcción de infraestructura y la selección y compra de equipo.

Mientras tanto, RACSA, una subsidiaria del ICE, se quedará -según el documento- con "los problemas de pago, cobro judicial, y facturas incobrables". Además, agrega, dará el "servicio al cliente "de noche, en fines de semana y días feriados". RACSA, con base en el borrador, recibirá el 34 por ciento de los ingresos anuales.

"Todo lo que es carne se lo come Millicom; todo lo que es hueso se lo come RACSA", expresó Francisco Aguilar, presidente de ASDEICE.

El abogado de RACSA, Alejandro Batalla, aclaró que la carta de intenciones firmada el 12 de abril con Millicom fue un documento muy preliminar cuyo contenido está superado.

"A estas alturas ese contrato está completamente modificado", aseguró Batalla, quien evitó dar más declaraciones. En principio Millicom debía arrendar sus equipos a RACSA a partir del 9 de mayo, para evitar la imposición de sanciones comerciales contra Costa Rica por parte de Estados Unidos.

Ese día vencía el plazo dado por la Sala IV para que la firma extranjera dejara de operar en el país pues una resolución de la Sala Constitucional, del 26 de octubre de 1993, determinó que los servicios de telefonía son monopolio del Estado.

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Los sindicalistas demandan la anulación del contrato, si se ubrica bajo estas condiciones y exigen que sea el ICE quien negocie directamente con Millicom y asuma la operación del servicio.

Alegan que la ley no autoriza a RACSA a operar servicios de telefonía y advierten la incoveniencia de que el ICE compita contra su propia subsidiaria

El primer vicepresidente de la República y principal negociador del caso, Rodrigo Oreamuno, se extrañó al conocer el contenido del acuerdo y aclaró que él no participó en su redacción.

"Si hay algún elemento que permita la operación (de Millicom) debería corregirse", manifestó Oreamuno. Destacó que para respetar la resolución de la Sala IV Millicom debe limitarse a alquilar sus equipos a RACSA y a dar asesoramientos.

Pero ante la posibilidad que algo obstaculice la firma del acuerdo, Oreamuno advirtió: "Si Estados Unidos decide tomar represalias, se cerrarían cientos de fábricas en Costa Rica. Los sindicatos del ICE no pueden desear esto para la clase trabajadora.

Llamada de duda

Un estudio legal realizado por el bufete Bolaños-Rojas-May y Asociados para ASDEICE, desmenuza detalles del acuerdo. Estos son algunos extractos y la comparación entre ambas versiones.

Borrador del contrato

RACSA tiene concesión de explotación de servicios inalámbricos y telefónicos

Millicom puede facturar y distribuir la facturación de los servicios a los abonados, distribuir nuevos servicios de RACSA, coordinar con RACSA la desconexión de los servicios, dar servicio al cliente en horas de oficina durante días hábiles. Cualquier incremento significativo del precio debería ser consultado con Millicom.

Como pago por el arriendo Millicom recibirá el equivalente al 66 por ciento de los ingresos anuales, mientras que RACSA se dejará el 34 por ciento. Esta distribución regirá mientras los ingresos anuales no superen los $10 millones; después de esa cifra la proporción tenderá a equilibrarse.

Estudio de ASDEICE RACSA no es dueña de ninguna concesión para la prestación de servicios de telefonía celular, pues el propietario es el ICE.

Esto es una intervención de Millicom en la prestación y control sobre un servicio público que no puede ser cedido a particulares. Es una contravención a la Ley General de Administración Pública y a la Constitución Política.

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Esto es una alianza estratégica o "sociedad de riesgo compartido", pero no un arriendo. Las partes del contrato no se atrevieron a establecer una sociedad, porque hubiera necesitado la aprobación de una ley.

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