La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) apagó este año la señal de cuatro radios piratas y otras dos enfrentan procesos administrativos que podrían dejarlas igualmente silenciadas.
Estas emisoras usurpan alguna frecuencia asignada legalmente a una persona física o jurídica; al hacerlo provocan interferencia y degradan la calidad del servicio radiofónico para los oyentes.
A julio de este año, la intervención de Sutel resultó de 42 denuncias presentadas por la Cámara Nacional de Radio (Canara), que afirma haber detectado hasta 100 emisoras irregulares en Costa Rica.
De acuerdo a los datos de Sutel, en el país transmiten legalmente 129 difusoras.
Las estaciones cerradas fueron Radio República y Radio Cielos Abiertos (en Cariari de Pococí), 88.3 (Sarapiquí) y Radio Pampa (en Liberia). Otras dos estaciones en proceso administrativo también se localizan en la zona de Guanacaste.
En 24 casos la información fue insuficiente para una investigación, señaló Sutel, que espera más datos de Canara para actuar.
“Estas radios dañan un bien del Estado, como es el espectro radioeléctrico y, los contenidos carecen de control”, enfatizó Gustavo Piedra, presidente de Canara.
Piedra recordó que estas emisoras sirven de altavoz a grupos religiosos y políticos.
“Hablamos de propaganda política sin control alguno del Tribunal Supremo de Elecciones o incluso publicidad de productos que, por ejemplo, la gente desconoce si han sido prohibidos por el Ministerio de Salud”, afirmó Piedra.
Agregó que estas estaciones por ejemplo incumplen el pago de impuestos, a pesar de que, según la Cámara, abrir una emisora de estas exige una inversión inicial de entre $4.000 y $5.000, lo cual sugiere que es una actividad rentable.
Moviendo la antena. Por su ilegalidad, estas emisoras suelen trasladar su punto de transmisión de forma frecuente para evitar ser notificadas e incluso cambian de frecuencia para eludir su identificación, explicó Marylena Méndez, presidenta del Consejo de Sutel.
La Superintendencia ha identificado que estas radios operan generalmente en la zona rural, básicamente en el Caribe (Cariari, Guápiles, Siquirres y Sarapiquí) y en el Pacífico norte (Liberia, La Cruz).
Estas operaciones clandestinas se exponen al cierre de locales, retiro de equipos y posibles sanciones económicas, según la Ley General de Telecomunicaciones.