Siete fallos recientes de la Sala Constitucional reiteran el “acceso irrestricto” de cualquier ciudadano a conocer los montos de los salarios que reciben los funcionarios públicos.
Así lo plasmaron los magistrados, a principios de diciembre pasado, al declarar sin lugar siete recursos de amparo interpuestos por empleados del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).
Los recurrentes se quejaban de que por solicitud del diputado del Movimiento Libertario Otto Guevara, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) divulgó los sueldos que se pagan en esas instituciones.
Ellos alegaron una supuesta violación a la intimidad y que se “manipuló irregularmente información de carácter personal y para propósitos ajenos”.
Tales argumentos fueron rechazados, unánimemente, por la Sala IV, la que concluyó que el acceso a esa información es de interés público y, por ende, no violenta derechos individuales.
“La ciudadanía tiene derecho no solo a conocer en qué se invierten los fondos públicos, sino también cómo se distribuyen”, expresó el magistrado Luis Fernando Salazar, quien estuvo a cargo de la redacción de dos de las resoluciones.
Añadió: “La Sala dice que los datos que estén en esas bases del Sicere (Sistema Centralizado de Recaudación de la Caja) acerca del salario de los funcionarios públicos, no son datos ni sensibles ni privados”.
Una y otra vez. Salazar insistió en que esta no es una posición nueva, sino que en reiteradas ocasiones los magistrados han fallado de la misma forma.
Incluso, las siete resoluciones de febrero se basan en otros dos pronunciamientos de marzo del 2014 y febrero del 2015.
Aunado a ello, en decenas de oportunidades, desde 1993 , la Sala IV ha declarado que un ciudadano no está obligado a justificar ante la Administración Pública por qué requiere acceder a un dato de una institución del Estado.
Pese a los reiterados fallos constitucionales, desde agosto pasado, la CCSS se niega a entregar, sin condiciones, las planillas de las instituciones del Estado. La presidenta de la entidad, María del Rocío Sáenz, aduce que todavía no ha sido notificada sobre las últimas resoluciones.
Guevara, por su parte, aplaudió la decisión y dijo que espera que sea cumplida por la Caja.