Nombrar a un pariente, interferir en un asunto para beneficio propio, atender irrespetuosamente a los usuarios de servicios públicos o manipular la influencia que da un cargo oficial para sacar provecho, son actos que le costarían el puesto a un empleado o a un jerarca de las instituciones estatales.
Estas y otras regulaciones se encuentran dentro del proyecto de ley Código de Etica del Servicio Público, introducido en la agenda legislativa el martes por los diputados liberacionistas Ottón Solís, Wálter Coto y Luis Gerardo Villanueva. Asimismo, presentaron una moción para crear un capítulo de "ética parlamentaria" en el reglamento del primer poder de la República.
Este pretende prohibir a los diputados legislar en beneficio propio o llegar a otorgarse, directa o indirectamente, algún beneficio.
Para determinar el incumplimiento de las regulaciones éticas del funcionario público, se crea una comisión en cada institución. El grupo tiene la autorización para amonestar por escrito a los empleados; si reinciden, se harán acreedores al despido sin responsabilidad patronal.
Cuando se trata de jerarcas, se enviará el informe a la Defensoría de los Habitantes y a la Contraloría General de la República "para lo que proceda".
El diputado socialcristiano José Antonio Lobo, comentó que sus compañeros no han analizado el proyecto. Pero egún su criterio deben darse normas ética y legales para el desempeño de la función pública. La subjefe de fracción, Lorena Vásquez, no se inclinó a favor del proyecto y espera que se dé una discusión amplia sobre el tema.
El siguiente paso en la tramitación del proyecto es su publicación en el diario oficial La Gaceta y su lectura en el plenario. Luego se remitiría a una de las comisiones permanentes para analizarlo.
Primero en casa...
El capítulo de este proyecto sobre "ética parlamentaria" considera improcedente que un legislador participe en la discusión de un asunto que tenga relación con su familia, empresas, o que pueda generarle algún beneficio.
El diputado tampoco puede contratar parientes, comprar con recursos públicos placas conmemorativas o adquirir obsequios para un determinado grupo. Recomienda, además, limitar los viajes --tanto dentro como fuera del país-- a un "número razonable".
Según coincidieron los proponentes de la iniciativa, esta variación al reglamento legislativo acabaría con los excesos en los gastos por alimentación para los parlamentarios, el uso de los vehículos y los viajes.
El diputado Solís llamó a recortar la asistencia en bocadillos para los diputados. Por ejemplo, entre mayo de 1994 y enero de 1995 la Asamblea Legislativa había gastado en servicios de alimentación y bebidas ¢20.131.645, un promedio de ¢2 millones por mes.
La mayoría de las prohibiciones que se aplicarían a los legisladores también serían válidas para todos los funcionarios públicos, sean de elección popular, nombramiento permanente u ocasional.
Abusos controlados
El proyecto presentado para establecer una serie de reglas de comportamiento ético de los funcionarios públicos, establece que los empleados estatales deben:
Solicitar o aceptar regalos o propinasUsar el tiempo laboral en la forma más productiva Buscar mejorar la atención al usuario Hacer uso razonable de los materiales para evitar el desperdicio Ejercer el cargo sin discriminar por razón de raza, sexo, religión, situación económica, ideología o afiliación política Conocer los regímenes de incompatibilidad, acumulación de cargos y prohibiciones por razón de parentesco¿Y los conflictos de intereses?
No participar en decisiones en las cuales su vinculación puede afectar el fallo del Gobierno o dar ocasión de duda sobre su imparcialidad No participar en decisiones cuando esté vinculado su cónyuge, hermano, ascendiente, descendiente hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad y socios de empresas¿Que se prohíbe del todo?
Usar el poder oficial, su influencia para procurar servicios especiales o beneficios que sean privilegio, nombramientos de familiares y amigos Emitir normas en su propio beneficio Participar en transacciones financieras utilizando información oficial que no es pública Realizar trabajos fuera del empleo que estén en conflicto con su posición gubernamental Patrocinar a personas jurídicas o físicas que gestionen concesiones o privilegios, sean o no proveedores o contratistas Recibir beneficios de contratos y concesiones que otorgue el Gobierno.