Ticos perciben a la CCSS y al MOPT con mayor riesgo de corrupción

San José.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) son las instituciones que los costarricenses perciben con mayor riesgo de corrupción.

Así se desprende de la Encuesta Nacional de Percepción de la Corrupción 2017 realizada por la Contraloría General de la República entre ciudadanos, funcionarios públicos y oferentes de bienes y servicios al sector público. La consulta se realizó en febrero de este año.

A la Caja y el MOPT le siguen la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Seguridad Pública como entidades públicas expuestas a ese problema, según las respuestas a los entrevistados a la pregunta "¿Cuál considera usted que es la institución del sector público con mayor riesgo de corrupción?".

Estos resultados se dan a conocer un día después de que el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, dijo en su informe presidencial ante el Congreso que en el gobierno no hay ni "atisbo" de corrupción.

"Sí se puede hacer política con resultados, sin opacidad y sin miedo. Y esto ocurre pese a quienes quieren desprestigiarnos invocando corrupción donde no la hay ni por atisbo", expresó el mandatario.

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En el caso de la CCSS, los principales cuestionamientos que arrastra se debe a las dificultades para responder al problema de las listas de espera y manejo de los datos sobre los pacientes que requieren citas o cirugías.

Hasta diciembre pasado, la institución registraba 68.000 asegurados esperando una cirugía desde el 2010.

Entre tanto, en el MOPT, la polémica surge por los atrasos constantes para concretar obra pública. En las últimas semanas también surgieron dudas por la inclusión de un desfase de 80 metros en el diseño y construcción de la carretera que conectará la ruta 32 con la nueva Terminal de Contenedores de Moín, en Limón, fallo que le costará $5,6 millones más (casi ¢3.200 millones) a los contribuyentes.

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Diez meses antes, además, se reveló que el MOPT había adjudicado la construcción de su nuevo edificio central por $7,5 millones, a un consorcio al cual ya había entregado planos de la obra.

Otros resultados

Según la encuesta de la Contraloría, 61% de ciudadanía considera que el problema de la corrupción se ha agravado en el sector público en los últimos dos años y la gran mayoría de ciudadanos (85%) concluye que "hay mucha".

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A pesar de esta lectura, el 62% de los entrevistados no suele informarse sobre cómo evitar este flagelo y la mayoría (72%) desconoce sobre leyes o normativas para evitarla.

Contradictoriamente, la Contraloría descubrió que 64% de entrevistados considera que es la misma ciudadanía la principal responsable de evitar la ocurrencia de la corrupción pero, en general, 86% de consultados coincide en que la sociedad costarricense es tolerante al problema.

"Debemos seguir trabajando no solo en su detección y sanción sino en su prevención con mayor énfasis, y de ninguna manera se puede permitir que las manifestaciones de la corrupción se asuman con normalidad o indiferencia", expresó la contralora Marta Acosta.

Síntomas

Según la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, cuando un funcionario público o un ciudadano aceptan corromperse es porque acceden voluntariamente a incumplir normas jurídicas o éticas que anteponen el interés privado sobre el interés general. Las manifestaciones son así diversas.

Soborno, fraude, apropiación indebida u otras formas de desviación de recursos por parte de funcionario público o ciudadano son algunos de los síntomas. También actos de nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada y la compra y venta de decisiones judiciales; entre las prácticas comunes según la ONU.

El análisis de la Contraloría señala que, entre quienes alguna vez han aplicado para alguna oferta laboral en el sector público, 71% detectó corrupción en el trámite.

Entre quienes admiten que ellos o un conocido han atestiguado actos de corrupción en el sector público, 79% se abstuvo de denunciarlo por miedo a represalias, o por la sensación de que denunciar no arreglaría nada, o por desconocer cómo hacerlo.

El panorama tampoco es mejor dentro de las propias entidades públicas: 66% de funcionarios públicos consultados desconocía que en su institución se realizara algún ejercicio de valoración de riesgos de corrupción.

El 54% desconoce de alguna acción donde trabaja para evitar que se dé corrupción y otro 48% también admitió desconocer que, si denuncia un acto de corrupción, la institución donde labora tiene obligación de proteger su identidad.

El ente contralor también llevó su consulta a 385 proveedores del Estado, de los cuales, 81% indentifica corrupción sobre todo por la influencia ejercida de las autoridades en el diseño de los términos de referencia para carteles de licitación. De estos consultados, 64% desconoce cómo denunciar actos de corrupción en estas contrataciones.

Del 13 al 24 de febrero del 2017, la Contraloría realizó la Encuesta Nacional de Percepción sobre Prevención de la Corrupción 2017 (ENPPC - 2017) para conocer la opinión de la ciudadanía, funcionarios públicos y oferentes a la Administración sobre cómo prevenir la corrupción.

La consulta telefónica consideró a 3.208 personas: 2.171 ciudadanos, 605 funcionarios públicos y 432 oferentes de bienes y servicios. El nivel de confianza de la encuesta es del 95% en los cuatro módulos.