La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) contrató por ¢12, 9 millones a una empresa de comunicación para promover la introducción del plan de cobro por descarga en servicios de Internet móvil pospago.
Por seis meses, Sutel solicitó a Edilex Asesores Periodísticos S. A. que le dé apoyo logístico para divulgar la propuesta y aclarar cualquier duda sobre el proyecto antes de una audiencia pública.
El encargo incluye analizar notas de prensa sobre el tema, manejar relaciones con medios de prensa y “periodistas clave”, gestión de redes sociales e incluso lidiar con situaciones de “crisis de opinión pública”.
Así lo indica el cartel de contratación 2015CD-0000100-SUTEL, del 26 de agosto anterior.
Sutel explica allí que la estrategia de divulgación debía realizarse antes del 28 de octubre, cuando se haría una audiencia pública sobre la propuesta.
Esta iniciativa pretende que a clientes del servicio pospago se les cobre una tarifa de ¢0,0064 por kilobyte descargado.
A este monto se le agrega el impuesto de ventas, por lo que el cobro final es de ¢0,0074. Esto supone un rebajo de 15% respecto a la propuesta del 2014, cuando la pretensión era cobrar ¢0,0085.
Ese año, Sutel buscó introducir el cobro que ya pagan usuarios en servicios prepago, pero el plan se frustró por varios recursos de amparo presentados ante la Sala Constitucional, que detuvieron la audiencia pública.
De hecho, la audiencia programada para el 28 de octubre tampoco se hizo porque se presentaron nuevos recursos interpuestos por varias empresas telefónicas y la Cámara de Infocomunicación y Tecnología.
La contratación de Edilex atizó las críticas de varios legisladores contra Sutel, pues creen que esta debe ocuparse solo de la estrategia de comunicación, sin acudir a terceras partes.
Entre los críticos están Edgardo Araya, Gerardo Vargas, Jorge Arguedas, José Antonio Ramírez y Suray Carrillo, todos ellos del Partido Frente Amplio.
Sutel aclara. Sutel envió ayer un comunicado de prensa, en el que aclaran que llamaron a Edilex para abrir canales de comunicación y no para fines de propaganda.
El objetivo, dice Sutel, es facilitar el flujo de información hacia la ciudadanía, grupos sociales y formadores de opinión del país, en torno al proceso de convocatoria a audiencia pública.
La entidad asegura que la estrategia de comunicación busca una transmisión efectiva del mensaje y contenido técnico de la propuesta entre diferentes públicos de interés “con el objetivo de que no se produjeran ruidos o vacíos de información durante su etapa de divulgación”.
Empero, hoy no está clara la continuidad de Edilex en el proceso, tras la suspensión de la audiencia del 28 de octubre, mientras la Sala Constitucional resuelve los recursos interpuestos.
Como Sutel desconoce cuándo resolverá la Sala dichos amparos, su Consejo Directivo ahora tendrá que decidir si anula o no el contrato con Edilex Asesores.