Los magistrados de la Sala IV ratificaron la confidencialidad de los datos financieros del ICE en materia de telefonía móvil mediante una resolución dada a conocer la tarde de este viernes.
No obstante, el tribunal constitucional advirtió que lo que sí tiene caracter público es la información relacionada al negocio de la telefonía fija, pues el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no está en competencia en esa rama.
"La información relativa a los estados financieros del ICE sobre telefonía fija, no puede ser negada al amparado, por no estar en régimen de competencia. Sin embargo, respecto a la telefonía móvil, la Sala estimó que se requiere un tratamiento confidencial, según el artículo 35 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones (N° 8660)", informaron en un comunicado.
El voto 5108, del jueves 15 de abril, respondió a un recurso presentado por el diputado libertario Otto Guevara Guth contra la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), a la que pidió información financiera del ICE, y contra la Autoridad Reguladora de los Servicios Püblicos (Aresep), en reclamo de datos de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).
La queja fue desestimada contra la Aresep por considerar que la información está a la vista, mientras que contra la Sutel fue declarada parcialmente con lugar.
En el mismo voto, el magistrado Paul Rueda Leal consideró que la Sutel debía "conminar" al ICE a entregar toda la información solicitada por el recurrente, pues es del criterio de que "al tratarse del manejo de fondos públicos, la regla siempre debe ser la publicidad y la excepción el secretismo".
Si una información no debe divulgarse, agregó Rueda, la entidad interesada debe explicar cómo la publicación de los datos puede afectarla.
Entretanto, la magistrada Nancy Hernández expresó e que la Sala debe mantener la línea de protección de la confidencialidad, mientras la norma esté vigente.
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Esta decisión se da a conocer un días después de que la Contraloría General de la República planteó a los diputados que la información suministrada por el ICE impide conocer la salud de sus finanzas.