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Actualmente obtienen agua de pozos contaminados

Sala IV ordena al AyA abastecer de agua potable a habitantes de Isla Caballo

Actualizado el 01 de octubre de 2015 a las 05:12 pm

Magistrados dieron un año de plazo al AyA para que integre a Isla Caballo a un proyecto de agua potable

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Sala IV ordena al AyA abastecer de agua potable a habitantes de Isla Caballo

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Oficiales de la Fuerza Pública y Guardacostas llevaron 1.000 botellas de agua, el 13 de agosto del este año, a los habitantes de Isla Caballo para combatir la sequía. (Ministerio de Seguridad Pública)

San José

La Sala Constitucional ordenó a Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) que tome todas las medidas necesarias para abastecer de agua potable a la comunidad de Isla Caballo, en el golfo de Nicoya.

Un vecino de Isla Caballo, de apellidos Umaña Leal, presentó ante la Sala IV un recurso de amparo para denunciar que en esa comunidad obtienen agua de pozos contaminados, y para conseguir el líquido potable deben viajar en pangas o botes pequeños hasta Puntarenas.

Los magistrados ordenaron al AyA, a la Municipalidad de Puntarenas y al Ministerio de Salud "que adopten, en forma inmediata, las previsiones correspondientes para incluir, en el plazo de un año, a la Comunidad de Isla Caballo, en un proyecto de suministro de agua potable".

LEA: Policía lleva 1.000 botellas de agua a isla Caballo para combatir sequía

Isla Caballo está ubicada en el Golfo de Nicoya.
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Isla Caballo está ubicada en el Golfo de Nicoya. (Archivo)

La resolución Nº 2015-014553, emitida por los magistrados el 22 de setiembre, concede un mes de plazo al AyA para que haga estudios sobre la calidad del agua que obtienen de los pozos los habitantes de Isla Caballo.

El AyA también debe llevar agua potable de inmediato hasta la comunidad peninsular mediante camiones cisternas o cualquier otro medio, de acuerdo con la orden de los jueces magistrados.

La Sala IV consideró que la problemática de Isla Caballo lesiona los derechos fundamentales a la salud y a los servicios públicos que debe garantizar el Estado.

La resolución sostiene que "en cuanto se configura como un integrante (el agua) del contenido del derecho a la salud y a la vida, (...) se sostiene que sin el acceso equitativo a un requerimiento mínimo de agua potable, serían inalcanzables otros derechos establecidos —como el derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y para el bienestar—, así como de otros derechos civiles y políticos".

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