Con 13 años de retraso, el Gobierno por fin tiene listo el reglamento que permitirá orientar el pago de indemnizaciones a los afectados por el uso del Nemagón entre 1967 y 1979.
Tres décadas después de quedar prohibida la aplicación de este plaguicida en las fincas bananeras del país, extrabajadores y parientes aún sufren efectos irreparables, como esterilidad, abortos, malformaciones genéticas, cáncer...
La ley para pagar reparaciones nació hace más de una década, pero es hasta ahora que se define cómo se hará, gracias al reglamento para la Ley N.° 8.130, publicado el pasado lunes por el Ministerio de Trabajo (MTSS).
El documento llega luego de que la Sala IV ordenara al Estado tramitar 11.856 quejas de afectados indirectos, estancadas por falta de la reglamentación.
Las reglas. Se obliga al Estado a indemnizar a los afectados directos (exobreros) e indirectos (sus hijos y cónyuges), tanto por daños físicos como morales.
El texto detalla los requisitos para presentar reclamos ante la Oficina Operativa de Afectados por el Nemagón, integrada por el MTSS, la Caja Costarricense de Seguro Social y líderes de los exempleados bananeros.
Debido a que el Instituto Nacional de Seguros (INS) asumirá los desembolsos, también definirá las pruebas médicas necesarias, ya sean de laboratorio o psicológicas. Para comprobar daños físicos, como esterilidad, se harán espermogramas.
No se indicaron plazos para concluir el análisis de requisitos.
Los pagos responderán al tiempo de exposición al agroquímico: si el periodo fue menor a un año, el afectado recibirá el 25%, y si fue de cinco años o más, se le otorgará el 100% (¢1,9 millones).
Al tratar a víctimas indirectas, el porcentaje por indemnizar –por daños físicos– no superará el 60% de lo que recibió el afectado directo.
En caso de daños morales (determinados mediante exámenes psicológicos y análisis socioeconómicos), el pago a indirectos no excederá el 40% del pago reconocido al exbananero.
Desde el año 2001, el INS ha indemnizado a casi 14.000 extrabajadores de fincas bananeras, en tanto rechazó los reclamos de unas 11.000 personas.
Unos 393 exobreros siguen a la espera del pago, así como 9.233 hijos, 1.742 cónyuges y 817 compañeros sentimentales.
La viceministra de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, Ana Gabriel Zúñiga, resaltó que el reglamento ordenará los pagos, evitará el despilfarro y empoderará la Oficina Operativa, que antes carecía de armas para tramitar cada queja.
La elaboración del documento tomó tres años, según Hernán Solano, jerarca del Consejo de Salud Ocupacional del MTSS.
“Era una meta primordial concluir; había pasado mucho tiempo. Por fin todas las partes conocerán las reglas del juego”, dijo.