San José
Diez abogados de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) valoran entablar un demanda contra la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), luego de que un reciente fallo de la Sala Constitucional les diera la razón.
Este personal, por cuenta propia, planteó en setiembre esa un recurso de amparo alegando que Aresep excluyó indebidamente montos de su convención colectiva en una solicitud de alza de combustibles. El viernes anterior, los magistrados constitucionales declararon con lugar su gestión.
La resolución del tribunal constitucional anuló la decisión de la Aresep del 24 de agosto del 2015 en la cual rechazó ¢5.000 millones en gastos que Recope incluyó para justificar un ajuste ordinario. Sin embargo, la Sala Constitucional también condenó a Aresep al pago de costas, daños y perjuicios.
El grupo de trabajadores definirá en los próximos días si cobran esos rubros en un juicio contencioso contra Aresep, explicaron Jorge Mauricio Pardo, secretario de la Junta de Relaciones Laborales, y Adriana Chavarría Flores, abogada de la Dirección Jurídica y coordinadora de la Unidad Judicial y Laboral de Recope.
Por el momento, agregaron, no tienen un monto de reclamo, pues para definir la suma, primero corresponde realizar un proceso de cálculo a cargo de peritos y el aporte de pruebas para demostrarlo ante los jueces.
"Esto no es un asunto para tomar a la ligera. No deseamos dar una impresión equivocada, queremos ser equilibrados y justos y, como abogados, tenemos absoluta claridad de lo que es o no posible solicitar", recalcó Pardo.
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Ambos trabajadores señalaron que primero deben valorar si han existido daños que, de ser el caso, habrían de ser asuntos concretos verificables.
Los voceros confirmaron que el grupo acordó acudir a un abogado con experiencia para cuantificar el eventual daño moral.
"Consideramos que el daño moral está en mucha de la información circulando en algunos medios de prensa sobre este tema. La indignación de muchas personas a nosotros nos ha costado ser blanco de insultos y reclamos pero nuestro reclamo ha sido correcto en su formulación y argumento, eso lo han declarado así los magistrados", refirió Pardo.
Sin analizar fondo. La Sala IV dio la razón a estos trabajadores pero sin analizar el fondo del amparo.
En criterio dividido, los magistrados consideraron que la Aresep no podía modificar cláusulas de la convención colectiva mediante las tarifas, pues las vías legalmente correctas son un juicio o bien una acción de inconstitucionalidad. Es decir, independientemente si tenían razón o no en cuanto a los gastos, el mecanismos para cortarlo no era el correcto.
Precisamente, fue el diputado libertario Otto Guevara el primero en acudir a la acción de inconstitucionalidad para cuestionar el financiamiento de la convención. La gestión fue presentada el lunes y acogida para estudio al día siguiente.
Ante la decisión de la Sala que dejó sin efecto la decisión de la Aresep de no incluir en las tarifas gastos sin relación con la prestación del servicio, el mismo ente regulador advirtió que seguirá vigilante.
“Continuaremos esforzándonos con lo que debe ser el centro de nuestra labor, que es defender a los consumidores”, manifestó, en un comunicado de prensa, el regulador general Roberto Jiménez Gómez.
El jerarca adelantó que realizan un estudio de los rubros que Recope incluye en sus pedidos de ajuste e informarán a otras autoridades.
Chavarría y Pardo consideran que la actuación de Aresep fue "un acto muy arbitrario", el cual quebrantó normas de un nivel superior, lo que acarrea ciertas responsabilidades.
"Imagínese cuánto tiempo, trabajo y recursos se perdieron en todo este asunto. Es un enorme despliegue de esfuerzo por culpa de la ocurrencia de una persona. Consideramos pues que deben sentarse las responsabilidades", concluyó Pardo.