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ministerio de trabajo apoya a empleados de refinadora ante sala IV

Recope y Gobierno defienden financiar convención con tarifa

Actualizado el 01 de abril de 2016 a las 12:00 am

Gestión contra Aresep que rechaza gastos al fijar precio de combustibles

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Recope y Gobierno defienden financiar convención con tarifa

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Según datos del Ministerio de Trabajo, en el 2013 la convención colectiva de costó más de ¢25.000 millones. | LUIS NAVARRO.

El Gobierno dijo este jueves ante los magistrados de la Sala IV que se debe seguir incluyendo, en las tarifas de combustibles, el pago de beneficios de la convención colectiva de los empleados de la Refinadora Costarricense de Petroleo (Recope).

Alfredo Hasbum, viceministro de Trabajo, respaldó el recurso de amparo presentado por los trabajadores de la Refinería, en setiembre anterior.

El viceministro expresó que se debe mantener el financiamiento completo de los beneficios incluidos en la convención colectiva actual hasta que no se negocie un nuevo acuerdo.

“Esto no quiere decir que estemos de acuerdo con todo lo que dice la convención, pero hasta que no se homologue una nueva convención, no se pueden dejar sin financiamiento los rubros actuales”, expresó Hasbum.

La posición del Poder Ejecutivo es contraria a lo expuesto por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, que decidió desde el año anterior, excluir de la tarifas el pago de ¢5.000 millones anuales para la cancelación de los incentivos.

Entre los gastos suprimidos están ¢3.100 millones que se destinan al fondo de ahorro de empleados de Recope y ¢784 millones correspondientes a gastos administrativos de ese fondo.

Además, la Aresep rechazó el pago de servicios odontológicos, cuido de hijos y alimentación, entre otros. El argumento para sacar estos gastos del cálculo de las tarifas es que esos beneficios no tienen relación con la prestación del servicio de Recope, que es la distribución de combustibles.

La cifra eliminada por la Autoridad representa el 22% del costo anual de la convención.

Dennis Meléndez, regulador general, declaró ante los magistrados que al suprimir los beneficios mencionados, se está defendiendo a los consumidores de las alzas en los combustibles.

Según Meléndez, la ley los faculta para tomar este tipo de decisiones, pues deben velar por tarifas justas y servicios de calidad.

“No podemos reconocer gastos que no están relacionados a la prestación del servicio como tal”, concluyó el jerarca.

Trabajadores. Jorge Pardo Amador, vocero de los trabajadores, reconoció que hay artículos de la convención colectiva que deben eliminarse, pero la forma correcta de hacerlo no es a través de la Aresep. Según dijo, solo la Sala Constitucional tiene potestad para dejar sin efecto algún contenido de la convención.

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Ahora, los magistrados deberán analizar lo expuesto y resolver en las próximas semanas.

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Diego Bosque G.

diego.bosque@nacion.com

Periodista

Periodista en la sección Sociedad y Servicios de La Nación. Graduado de Periodismo en la Universidad Latina. Escribe sobre infraestructura y transportes.

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