El ministro de Trabajo, Víctor Morales, exigió revisar el mecanismo que permite elevados aumentos salariales en entidades públicas, a raíz del reciente incremento aprobado en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), que regirá a partir del 15 de junio.
La Junta Directiva del ente regulador autorizó el jueves pasado alzas que, en el caso de sus altos mandos, llegan hasta ¢1 millón.
Así, por ejemplo, el salario del regulador general Dennis Meléndez subirá en un 17,5%, pasará de ¢6,1 millones a poco más de ¢7,1 millones. La reguladora adjunta ganará ¢1 millón adicional y los tres intendentes sumarán cada mes otros ¢500.000 a sus ingresos.
Morales reclamó que estos incrementos denotan poca conciencia sobre la crisis fiscal del país.
“Esto no puede ser así. Hay que revisar los altos salarios en la Administración Pública porque no puede haber una política de aumentos excesivos que no coincida con nuestra situación actual.
”Este es un tema nacional; se debe actuar con muchísima prudencia, sobre todo si esto sucede en instituciones como la Aresep, que tienen a cargo, justamente, la revisión de tarifas”, manifestó Morales.
La vocera de Aresep, Carolina Mora, detalló que la modificación salarial debió ser aplicada en enero, por lo que cada funcionario recibirá, en la próxima quincena, el pago retroactivo a seis meses.
Explicó que el alza se basa en un estudio de la consultora española PwC, avalado por otras dos firmas que verificaron los datos.
Una reforma a la ley de la Aresep del 2008 establece que los salarios de sus empleados se fijan de acuerdo con los sueldos en los servicios que esa entidad regula. Lo mismo sucede en la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).
La defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum, admitió que, aunque no conoce bien el caso, le resulta “alarmante” tal aumento.
“Las alzas deben revisarse y ver si corresponden con lo que ellos dicen que tienen de desfase. ¿Recibió ese aumento, en cinco años, el resto de empleados públicos? ”, expresó.
Albino Vargas, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), calificó el alza de “inadmisible, indignante, ofensiva e impúdica” y solicitó mano dura por parte del Gobierno.