El Tribunal Contencioso-Administrativo ordenó al ICE mantener el contrato con la empresa Hidrotárcoles para el desarrollo de una planta hídrica en San Pablo de Turrubares, San José.
La resolución de la jueza Karla Madriz, emitida el 19 de abril, acogió la medida cautelar pedida por Hidrotárcoles para frenar la intención del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) de romper con la firma debido a los atrasos en el desarrollo del proyecto.
El Tribunal, además, dejó sin efecto dos oficios enviados por el ICE al Banco Nacional, para que paralizara los desembolsos que esa entidad realizaba.
La tarde de este jueves, personeros del Banco Nacional informaron de que el ICE apeló la decisión del Tribunal, razón por la cual se mantenía la paralización de los giros a Hidrotárcoles.
Interés público. La jueza fundamentó la decisión al considerar la obra como de interés público. Esta generará 300 empleos directos y otros más de manera indirecta.
El proyecto de construcción de la planta Capulín, en San Pablo de Turrubares, se estimó inicialmente en $167 millones y se otorgó en licitación pública a Hidrotárcoles, en abril del 2012.
Según el Instituto, la planta debió entrar en operación comercial en agosto del 2015. A esa fecha, la obra llevaba 25% de avance. Por esa razón, en julio, el ICE le dio cuatro meses a Hidrotárcoles para presentar un “plan de remediación”. Sin embargo, a falta de “respuesta satisfactoria” le notificó a la firma la apertura del procedimiento para romper el contrato, el 3 de diciembre.
La compañía respondió con una demanda por $34 millones contra el ICE, acusándolo de alterar los términos del acuerdo entre ambas.
Hidrotárcoles alega que el ICE aceptó un plan de trabajo que estipula la entrega de la planta con capacidad de generación de 50 megavatios para junio del 2017, según oficios del propio Instituto en poder de este diario.
Hidrotárcoles insiste en que la obra no se puede desaprovechar.
“Si el ICE al final no quiere el proyecto, otras empresas podrían interesarse en comprar la energía”, comentó Jonatán Picado, vocero de Hidrotárcoles.
Picado dijo días atrás que esperaban nuevos desembolsos del Banco Nacional, el cual financia 70% del costo mediante un crédito de $117,5 millones. Incluso preveía retomar las labores de construcción de la ataguía, que es la estructura para el desvío de las aguas del río que alimentarían la hidroeléctrica.
Por el momento, sin embargo, no hay ninguna seguridad de nuevos giros.
“Se le informa que el Banco Nacional no ha definido si realizará desembolsos, toda vez que el ICE apeló la última resolución judicial”, comunicó la entidad.
Hasta el momento, el Nacional había desembolsado $37 millones cuya recuperación estaba en riesgo, pues el principal respaldo de dicho crédito es la propia planta y la eventual venta de electricidad al Instituto.
Opuestos. Por medio de la oficina de prensa, el ICE aseguró que “ será respetuoso de la medida cautelar, mientras esté vigente”.
No obstante, la entidad mantiene sus intenciones de interrumpir el contrato.
“El ICE ha manifestado que del análisis preliminar del avance de las obras, no se tiene interés en asumir este proyecto”, dijo.