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Contraloría recrimina al AyA por desorden con tarifas

Actualizado el 13 de febrero de 2017 a las 10:59 am

Debilidades colocan en riesgo el equilibrio económico y financiero de la institución y comprometen prestación del servicio

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Contraloría recrimina al AyA por desorden con tarifas

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El suministro de agua podría estar en riesgo de no aplicar correctivos, señaló la Contraloría General de la República. | RAFAEL MURILLO/ Archivo

San José.

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) carece de buenas prácticas para elaborar estudios tarifarios periódicos, situación que compromete su estabilidad financiera, advierte un análisis de la Contraloría General de la República (CGR).

Según el documento, el AyA se tardó hasta 2,5 años en definir una solicitud de ajuste en el costo de sus servicios de suministro de agua potable y de alcantarillado.

Se trata de la petición que llegó en marzo del 2016 a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y  que se resolvió en junio siguiente. La situación se planteó nueve meses después de la aplicación de un rebaja tarifaria –en julio del 2015–, la cual, según indicó el propio AyA a la CGR, le causó una caída "significativa de recursos" para prestar el servicio.

Para el ente contralor, el AyA no tomó previsiones para tener oportunamente  la información requerida para el estudio tarifario.

"Las debilidades apuntadas, colocan en riesgo el equilibrio económico y financiero de la institución, y la prestación del servicio de acueductos y alcantarillados". Contraloría General de la República

El desorden, afirma la CGR, llega al punto de que el Instituto "no tiene el flujo del proceso tarifario con el detalle suficiente, que especifique los formatos para presentar la información y defina los plazos de entrega", indica la auditoría.

La institución le brinda el servicio a unos 500.000 abonados.

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Hasta el primer semestre de 2016, el AyA seguía sin cumplir con una serie de requerimientos solicitados por la Aresep en diversas resoluciones tarifarias.

La Contraloría manifiesta que fue durante el transcurso de la auditoría cuando el Instituto introdujo un sistema automatizado para darle seguimiento a las recomendaciones de la Aresep.

"Las debilidades apuntadas colocan en riesgo el equilibrio económico y financiero de la institución, y la prestación del servicio de acueductos y alcantarillados", señala el documento. Este le ordena a Yamileth Astorga, presidenta de la entidad, realizar las correcciones necesarias.

Cambios. La jerarca aseguró que el estudio de la Contraloría que derivó en una serie de señalamientos se realizó antes de que se creara un área dedicada a tarifas.

"Antes, esa área no existía ni tampoco disponíamos de personal dedicado a esto. Incluso ya poseemos un formato, todo un protocolo de cómo solicitar a nuestras diferentes dependencias datos sobre sus gastos, para que cada propuesta de ajuste tarifario sea más acorde a los requerimientos de la Aresep", afirmó la funcionaria.

Según ella, la rebaja de julio del 2015 que puso en aprietos las finanzas de la entidad se produjo porque la Aresep previamente había elevado las tarifas, unos años antes, para financiar proyectos.

"Ya poseemos un formato, todo un protocolo de cómo solicitar a nuestras diferencias dependencias datos sobre sus gastos para que cada propuesta de ajuste tarifario sea más acorde a los requerimientos de la Aresep". Yamileth Astorga, presidenta AyA

Sin embargo, continuó Astorga, la ejecución de los proyectos se atrasó y esto condujo a la Aresep a rebajar las tarifas de nuevo al considerar que, por la tardanza en concretar los proyectos de inversión, el AyA había recibido suficientes ingresos como para tener reservas.

"No obstante, esos ingresos aun siendo una reserva ya estaban comprometidos en dichos proyectos, cuya gestación viene de 10 años atrás. Mucho de las obras se financia con préstamo, pero no se contaba con diseños, que hay que pagar a hacer, o de lo contrario tampoco es posible pasarlos a licitación. La mayoría están hoy en licitación", justificó Astorga.

Astorga recalcó el compromiso del AyA de mantener el equilibrio y la sostenibilidad financiera de la Institución, tomando las previsiones tarifarias que sean necesarias, como ha sucedido hasta la fecha y que los Estados Financieros están a disposición y son de dominio público, para corroborarlo.

Sin método claro. En criterio de la Contraloría, en gran medida, el problema de ajuste de tarifas del AyA también ocurre por la ausencia de una metodología clara.

El cobro del agua para abonados del AyA se va ajustando en el tiempo con base en una fórmula regulatoria sin aprobación formal de la Aresep, ni con una base conceptual suficiente de cómo debe componerse, lo que impide al regulador y al operador asegurar consistencia en la aplicación del cálculo.

La CGR descubrió, por ejemplo, que hoy no se detallan los costos de operación, mantenimiento y administración, ni los activos del AyA en funcionamiento; ni se realizan proyecciones de demanda y oferta de líquido. Tampoco, añade la auditoría, comprende variables como la tasa de inflación esperada, tipo de cambio y tasa de rentabilidad. 

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Esta situación se debe a que la Aresep no ha emitido una metodología adecuada de cálculo que le sirva de guía al Instituto en su peticiones tarifarias.

Manuel Herrera, intendente de Agua de Aresep, afirma que está en elaboración.

"Lo que dice el estudio de la Contraloría General de la República es que la metodología actual no fue formalmente aprobada. Efectivamente, cuando se adoptó la vigente no era necesario seguir los procedimientos de formalización que existen ahora", expresó Herrera.

La nueva propuesta, comentó el intendente, se viene trabajando desde hace varios años y ya fue sometida a audiencia pública en dos ocasiones. En este momento, está en proceso de ajuste a partir de observaciones recibidas en estos procesos.

Herrera agregó que los cambios finales serán enviados a los operadores, y posteriormente, la Junta Directiva de la Aresep debe aprobarla. El funcionario, eso sí, evitó indicar cuándo.

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Juan Fernando Lara S.

jlara@nacion.com

Periodista

Redactor en la sección Sociedad y Servicios. Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio Redactor del año de La Nación (2012). Escribe sobre servicios públicos, tarifas y telecomunicaciones.

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