La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) solicitó al Consejo de Transporte Público (CTP) ejecutar las medidas necesarias para la cancelación de la ruta 503 hacia Guanacaste, a cargo de la empresa Transportes Alfaro.
Así lo hizo saber en una resolución fechada en febrero, pese a que está pendiente un juicio en el Tribunal Contencioso-Administrativo. La pugna entre el ente regulador y la empresa Transportes Alfaro, concesionaria de la ruta 503 (San José-Nicoya-Tamarindo-Cartagena-Portegolpe, por la carretera Interamericana) se inició en el 2011 por un supuesto cobro de tarifas no permitidas y por presuntamente brindar servicios no autorizados.
Tras múltiples apelaciones por parte de la empresa Alfaro, el caso se envió al Tribunal Contencioso- Administrativo, donde se encuentra en la actualidad. La primera audiencia está prevista para mayo.
Versiones encontradas. El Tribunal de Apelaciones de ese órgano falló a favor de Alfaro en diciembre. Le concedió una medida cautelar para seguir operando “hasta tanto la Administración no presente a otra persona que pueda desarrollar este servicio cumpliendo a cabalidad los procedimientos legales”.
Sobre este punto existe una doble interpretación. Mientras la Aresep presiona al CTP para acatar los procedimientos administrativos y revocar la concesión, la empresa Alfaro insiste en tener el derecho de concesionario para continuar operando hasta que exista un fallo definitivo del Tribunal.
“Tenemos un proceso principal en el que estamos discutiendo la nulidad de la resolución de Aresep. La redacción (del fallo) no es la más clara. Si se saca a concurso, se adjudica y luego nosotros ganamos en el Contencioso, tendrían que restablecernos la ruta”, manifestó Rolando Segura, abogado de la compañía autobusera.
No obstante, Juan Manuel Delgado, director del Consejo de Transporte Público, indicó que la empresa pasó de ser concesionaria de la ruta a permisionaria (permiso temporal mientras se levanta el cartel de licitación). “Se está en espera de que la Junta Directiva del CTP defina el procedimiento por seguir”, dijo Delgado.
Por su parte, el abogado Segura denunció lo que considera inconsistencias en la ley de Aresep.
“Hay una pugna en estos órganos públicos que está generando efectos desfavorables para las concesionarias. ¿Cómo la Aresep va a pedir esto? Si no, ¿cómo estamos nosotros prestando el servicio?”.
Cobro inferior. German Alfaro, gerente de la empresa Transportes Alfaro, señaló que el supuesto cobro de tarifas no autorizadas corresponde a un tiquete de Nicoya a Barranca, en Puntarenas, a un precio inferior al establecido para toda la ruta 503.
“Como hay gente que no va a hacer la totalidad del recorrido, al parecer se cobró un rubro inferior”, agregó. Alfaro señaló que han pedido fraccionamiento de las tarifas, pero el CTP no ha aprobado las correspondientes en el sentido Nicoya-San José.
La denuncia por el supuesto cobro ilegal le valió la sanción revocatoria de la concesión. La vía 503 fue otorgada a Alfaro hace 55 años. Transporta, en promedio, a cerca de 30.000 usuarios,por mes.
La empresa afronta ante la Defensoría de los Habitantes una denuncia de 100 vecinos por supuesto cobro de tarifas no autorizadas.