Reos requieren aval de experto para ser ingresados a penal psiquiátrico

La medida se aplica desde mediados de setiembre con la intención de combatir el hacinamiento en el Centro Psiquiátrico Penitenciario, ubicado en La Uruca.

Esa institución, creada en el 2011, tiene capacidad para 75 internos, pero esta semana albergaba a 109 y días atrás eran 116.

Las condiciones y riesgos de la sobrepoblación fueron denunciadas por empleados del Hospital Nacional Psiquiátrico, al cual eran trasladados los presos cuando el Centro rebasaba su capacidad.

La institución negoció con el Poder Judicial para que un especialista sirva de filtro, explicó Alcira Hernández, asesora legal del hospital, al detallar que se trató de una propuesta de la dirección médica del Psiquiátrico con el fin de que se cumpla con un peritaje previo.

“Lo que buscamos es el orden de estos ingresos y que los espacios sean utilizados solamente por los pacientes que realmente lo requieren”, comentó Hernández.

Para Cristian Salazar, encargado del Centro, el problema radicaba en que las órdenes judiciales se imponían al criterio médico.

Esta situación creó remanentes de pacientes que no requerían estar internados, pero a los que tampoco se podía dar de alta.

Como parte de los acuerdos, se definió que los reclusos aún sin condena (indiciados) pero con prisión temporal de un mes, serán evaluados nuevamente por Medicatura Forense una vez concluido ese plazo. Esto para determinar si procede mantener el internamiento.

“Eso limita y filtra bastante el ingreso, disminuye las prórrogas mal habidas de personas que no tenían que quedarse porque no cumplían con un diagnóstico de psiquiatría para estar más de un mes”, añadió Salazar.

Actualmente, el Centro Psiquiátrico aloja a 70 pacientes sentenciados y 39 indiciados.

Separados. Este centro especializado para presidiarios con problemas mentales inició operaciones por un fallo de la Sala IV que ordenó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) facilitar un establecimiento para esta población.

También, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura –organización respaldada por la Defensoría de los Habitantes– hizo una serie de recomendaciones en este mismo sentido.

Entre esas, que la Gerencia Médica de la CCSS desvinculara los presupuestos y procesos de atención de los pacientes del Centro Psiquiátrico Penitenciario y los del Hospital Psiquiátrico.

También, sugirió a la dirección del hospital evaluar a los internos actuales para definir su estado y, con base en eso, solicitar una revisión de cada uno de los casos a las autoridades judiciales.

Por último, recomendó al Ministerio de Justicia y Paz crear una unidad especializada para reclusos con enfermedades mentales.