EscucharEl proyecto del Frente Amplio (FA) de reforma a la ley para indemnizar a los afectados por el Nemagón enfrenta una fuerte discusión en el Congreso, especialmente por la prueba de esperma, la cual demuestra la esterilidad de los afectados.
La reforma pretende otorgar flexibilidad en el requisito del espermograma, debido a que, por la edad, muchos de los extrabajadores bananeros están incapacitados para someterse al examen y, por tanto, no lograrían tener acceso a una indemnización por esterilidad.
También persigue que los hijos o la pareja del afectado tengan acceso al desembolso, en caso de que este fallezca.
El diputado del FA Gerardo Vargas declaró que, de aprobarse la iniciativa, los hijos de las víctimas también tendrían derecho a someterse a las pruebas para acceder a indemnizaciones por infecundidad.
Posiciones. A 30 años de haberse prohibido el uso del plaguicida en las fincas bananeras del país, los afectados todavía manifiestan sufrir efectos físicos.
Carlos Hernández, legislador del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), avala el proyecto, pues, según su criterio, pone un alto a la “ineficiencia” de la Oficina Operativa de Afectados por el Nemagón, encargada de comprobar daños y realizar pagos.
“Esa unidad no ha funcionado. La ley vieja ayudó un poco pero no es lo que debería de ser y, aunque existe un reglamento, nada se soluciona con eso. La única forma de hacer efectiva la justicia es si se aprueba este proyecto y se trae a valor real el daño”, dijo.
Antonio Álvarez, del Partido Liberación Nacional (PLN), no concreta su apoyo a la reforma, pero asegura que, en el Congreso, han sido “sensibles” y han estado pendientes” del asunto.
“Nos inclinamos por ayudar a estos grupos y hacer justicia, pero al proyecto le ha faltado promoción; no ha sido prioridad para este gobierno”, declaró.
El libertario Otto Guevara se mostró en contra y exige que sean las empresas fabricantes y distribuidoras del Nemagón las que paguen. Para él, dejarlo todo en manos del Instituto Nacional de Seguros (INS) desestabilizaría financieramente a la entidad.
Emilia Molina, de Acción Ciudadana, desaprueba la eliminación de algunos requisitos, como lo pretende el texto del FA y anunció que la comisión redacta un texto sustitutivo.
“Eliminar pruebas como el espermograma puede ser una inconstitucionalidad y eso es peligroso”, dijo.
El proyecto de ley. Pese a que la Ley N.°18.802, para pagar daños a los extrabajadores de las baneras, está vigente desde el 2001, no fue sino hasta la semana pasada que se aprobó el reglamento para hacerla cumplir.
El proyecto fue impulsado por el exdiputado del Frente Amplio, José María Villalta, y desde el 2013 se tramita en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.
Diputados como Ottón Solís, legislador del PAC, expresan dudas; se cuestionan si la lista de afectados es la correcta o si se ha agregado gente, entre otros.
