Informático pide ¢500 millones a CCSS por acusación de ‘tener porno’

Un exfuncionario del Hospital Calderón Guardia pretende que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) lo indemnice con ¢500 millones luego de que se demostró, en un juicio contencioso- administrativo, que las acusaciones de que tenía pornografía en una computadora institucional, eran falsas.

El caso se remonta al año 2007, cuando el extrabajador del hospital, de apellido Dávila, fue despedido sin responsabilidad patronal por, supuestamente, tener archivos pornográficos en su máquina de trabajo.

Esos hechos los habría señalado un órgano investigador del Calderón Guardia, pero en el proceso de despido y en el juicio como tal, la Caja no pudo comprobar los señalamientos.

El informático, quien en el 2007 tenía 42 años, demostró las irregularidades en el proceso interno, entre ellas que personeros del hospital ingresaron a la computadora sin su autorización y sin presencia de un representante legal del centro médico.

Otra inconsistencia en el caso fue que se le notificó de la investigación en su contra hasta que fue conformado el órgano del debido proceso; es decir, cuando en teoría ya se había comprobado la falta.

Ante esa situación, en el 2007 Dávila demandó a la Caja.

En noviembre del 2012, el Juzgado Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial le dio la razón al informático.

La sentencia contra la Caja la confirmó en noviembre anterior el Tribunal Contencioso-Administrativo, mientras que la entidad presentó una apelación ante la Sala Primera, pero esta la rechazó.

Dávila comentó a La Nación que tras su salida de la Caja en el 2007 logró conseguir empleo hasta en el 2011 pues “iba a entrevistas y, cuando me pedían referencias de trabajados anteriores y daba el dato de la Caja, esas empresas llamaban y salía el tema de la supuesta pornografía y todo se venía abajo”.

Debido a eso, contó el exfuncionario, quien hoy tiene 49 años y es padre de gemelos, su esposa fue la que debió asumir por completo los gastos de la casa, incluido el pago del alquiler.

Pretensión. Según dijo el exfuncionario público, vecino de Alajuela, la pretensión de que la Caja le pague ¢500 millones se debe a los salarios que no percibió desde que fue separado del cargo, más el daño moral y familiar que sufrió.

Al respecto, Edwin Rodríguez, subdirector jurídico de la Caja, manifestó : “La parte gestionante puede valorar un determinado caso en la cuantía que estime conveniente; ello no quiere decir que ese sea el monto de una eventual condenatoria”.

El subdirector agregó que, si bien a Dávila primero se le despidió por la supuesta pornografía, luego la sanción se redujo a una suspensión de cuatro días, por lo que si hay que indemnizarlo con algo sería con el pago del salario por esos cuatro días.

Además, calificó de desproporcionado el monto pedido por el exfuncionario de la Caja.

Dávila comentó que ahora trabaja para una empresa privada y entre sus peticiones ante los jueces no está la restitución como empleado en el Hospital Calderón Guardia, donde desempeñaba un puesto en el área de adquisición de bienes y servicios.