¿Cuál es su reacción ante la denuncia de la CCSS contra el banco y la operadora por presunto hackeo del Sicere?
Primero, corregir que la denuncia no es contra el BAC ni contra la operadora del BAC. La denuncia es contra dos funcionarios del grupo. En segundo lugar, esto está denunciado ante el Ministerio Público. Nosotros vamos a defender nuestra posición, pero entenderá que no podemos emitir opinión sobre algo que se está ventilando en materia penal.
¿Qué medidas han tomado con esos dos funcionarios?
No se pueden tomar medidas, porque todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Nosotros vamos a llevar nuestros argumentos ante el Ministerio Público, si es que la Fiscalía lo eleva a juicio. Ellos están analizando si de acuerdo con el Código Penal las argumentaciones que está dando la Caja son válidas para una acusación penal, cosa que es muy seria.
Hay un proceso que se sigue en la vía administrativa.
Tampoco tenemos ninguna comunicación administrativa. Lo que hubo fue una comunicación del Sicere a la operadora de pensiones, informándonos de los hallazgos. Nunca nos informaron de que habían planteado una demanda penal. Nos estamos enterando por terceros.
El que estos funcionarios estén vinculados con el grupo, ¿qué reacción les genera?
Nos llama la atención. Tenemos un gran respeto por la Caja y el Sicere. Hoy hay abiertas vías modernas de conciliación. Hubiésemos esperado alguna reunión de máximo nivel para llegar a algún entendimiento, pero al irse por la vía penal no podemos esbozar públicamente los argumentos nuestros. Vamos a esperar lo que el Ministerio Público decida. Primero hay que determinar si lo va a elevar a juicio. Y después de eso, si hay juicio, ya llevar nosotros nuestros argumentos de defensa.
Estos funcionarios, ¿siguen en sus funciones normales?
Exactamente.