Autoridades del Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) secuestraron documentos en la sede regional de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en La Cruz, Guanacaste, como parte de una investigación por supuestos levantamientos de planillas falsas.
Las diligencias se realizaron en atención a una querella interpuesta por un empresario de la zona, luego de que la entidad creara planillas adicionales, para cobrar las cargas sociales a la empresa por trabajadores que según la Caja no estaban asegurados.
Inicialmente el empresario presentó una denuncia ante la Fiscalía de Liberia; no obstante, tras la investigación realizada, el caso fue sobreseído, confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público.
Tras el sobreseimiento, el empresario presentó la querella por falsedad ideológica por medio de la cual solicitó el secuestro de las planillas.
Es importante recalcar que esta diligencia es solicitada por el querellante, en vista de que, para afectos de la Fiscalía, el caso se encuentra con un sobreseimiento provisional. La parte afectada denuncia que, a partir de un acto administrativo, la CCSS le realizó un cobro indebido.
Luis Mario Carvajal Torres, director de la Región Chorotega, confirmó que se hicieron las planillas adicionales en contra del patrono de la empresa Guanaranja tras inspecciones de campo en donde determinaron que había trabajadores nacionales y extranjeros que no estaban asegurados.
"Nosotros vamos al campo y hacemos un levantamiento de las personas que están laborando en la empresa y hacemos un traslado de cargo y le informamos al patrono que encontramos tal cantidad de trabajadores con tales salarios y que le vamos a hacer unas planillas adicionales (...), desde nuestro punto de vista eso es totalmente legal", explicó Carvajal.
De acuerdo con el jefe regional, la empresa presentó una apelación y las planillas aún no están en firme; sin embargo, de manera paralela presentaron una querella por abuso de autoridad y falsedad ideológica, alegando que las personas entrevistadas no son empleados de la empresa.
Además, el patrono había presentado un recurso de habeas corpus, luego de que autoridades de la Caja y Migración y Extranjería realizarán un operativo a la entrada de la finca para hacer un levantamiento de trabajadores. Según Carvajal, ese recurso fue deslegitimado.
De acuerdo con el funcionario de la Caja, las planillas adicionales que fueron levantadas rondan los ¢101 millones y corresponden a 877 trabajadores.
Las autoridades judiciales decomisaron dichos documentos para confrontarlos con la información suministrada por la empresa en la querella.
Por su parte, el abogado de la empresa, Roberto Señor, aseguró que plantearon la querella porque la Caja utilizó nombres falsos.
"Montan la suma de 870 nombres, en donde lamentablemente no ha habido correspondencia de esos nombres con las respectivas indentidades, ni con las firmas que se hacen consignar en el documento que sirvió para una determinación impropia de una planilla que se le cargó a la empresa", aseguró.
El abogado dijo que la empresa tiene 250 empleados permanentes y que durante la época de cosecha se recurre a la figura del contratista para emplear personas que recolecten las naranjas. Según afirmó, los conteos de la CCSS se dieron durante esa época, en el 2013.
Señor además denunció que la Caja mantiene a la empresa morosa, por lo que los empleados que se encuentran en planilla no reciben atención médica.
"La mantiene morosa por esas planillas que levantaron con base en información falsa", aseguró.
Según dijo, esto se da a pesar de que las planillas habían sido apeladas y de que existía una medida cautelar en contra de esa condición de morosidad.