El centro que atiende a los reos que padecen enfermedades mentales sufre el mismo mal que la mayoría de cárceles del país: hacinamiento.
La institución, ubicada en La Uruca, registraba este martes 114 internos, a pesar de que su capacidad es para 90 personas.
Por esa razón, dos nuevos presos ingresados fueron enviados al Hospital Nacional Psiquiátrico (HNP), en Pavas, lo que causó la molestia entre sus funcionarios.
“Es definitivo, no se puede recibir más gente”, confirmó la directora del Psiquiátrico, Lilia Uribe, en referencia al centro especializado para reclusos, que abrió en el 2011 con la idea de evitar la presencia en ese hospital de esta población.
La llegada de los presos movilizó a los empleados del Psiquiátrico, quienes anunciaron una protesta para este jueves.
“A veces vienen personas de difícil manejo y algunos tienen conductas delictivas serias. (La sala de) Observación no tiene las condiciones de seguridad adecuadas”, dijo Uribe, al explicar que la preocupación radica en el tema de la inseguridad para el personal.
Para Carlos Gómez, secretario del Sindicato de Salud y Seguridad Social, la creación del centro –por orden de la Sala Constitucional– fue una solución paliativa y no definitiva, ya que, en tres años, la ocupación se duplicó.
Dudas. Para Uribe, se podría cuestionar si todos los casos enviados al centro realmente requieren ese internamiento médico.
Además, planteó el debate sobre si es a las autoridades de Salud a las que toca atender a esta población, que a veces permanece por años en las instituciones porque no son recibidos por sus familiares.
Según Hugo Porter, juez coordinador del Tribunal Penal de Goicoechea, la decisión de emitir una condena en la que se remite a una persona a un centro alterno, depende en un 99% del diagnóstico psiquiátrico que hace la Medicatura Forense del Poder Judicial.
No obstante, aclaró que es al Ministerio de Justicia y Paz al que le corresponde la resolución de dónde y con qué medidas de seguridad se ejecuta cada sentencia.
Reynaldo Villalobos, director de Adaptación Social de ese ministerio, rechazó responsabilidad sobre la permanencia de los pacientes en el centro y explicó que ellos solo se ocupan de la custodia.
En busca de una solución, la directora del Psiquiátrico anunció negociaciones con autoridades de Justicia, del Poder Judicial y la Gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Adelantó que el jueves conocerán un documento con las propuestas, que prefirió no adelantar.
Para ese mismo día, el sindicato planea detener en un 80% los servicios del Hospital Psiquiátrico, así como del centro para los presos.