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Fijó en un 5% la garantía de cumplimiento; la Ley de Contratación administrativa permite hasta un 10%

CCSS acordó mínima garantía en compra a empresa indagada

Actualizado el 18 de agosto de 2014 a las 12:00 am

Licitación de hasta por ¢1.240 millones al año es para insumos de ortopedia

Institución aduce que en adquisiciones grandes hay riesgo de perder proveedores

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CCSS acordó mínima garantía en compra a empresa indagada

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Las compras por consignación en ortopedia permiten tener, en un tiempo muy corto y cerca de los quirófanos, los insumos necesarios para atender las lesiones de los pacientes. Por el momento,  la CCSS solo utiliza este sistema de compras para atender las necesidades  en ortopedia, una de las especialidades médicas más críticas y con más lista de espera en los hospitales.   | ARCHIVO
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Las compras por consignación en ortopedia permiten tener, en un tiempo muy corto y cerca de los quirófanos, los insumos necesarios para atender las lesiones de los pacientes. Por el momento, la CCSS solo utiliza este sistema de compras para atender las necesidades en ortopedia, una de las especialidades médicas más críticas y con más lista de espera en los hospitales. | ARCHIVO

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) negoció la mínima garantía de cumplimiento permitida por ley en una compra millonaria de insumos ortopédicos a Synthes Costa Rica, S. C. R. Ltda., empresa investigada por la Fiscalía por un presunto intento de fraude con facturas de ortopedia contra el Hospital Calderón Guardia.

La Ley de Contratación Administrativa, en el artículo 40, permite a las entidades públicas manejar un rango de garantía de cumplimiento que va de un 5% a un 10%.

La CCSS acordó el mínimo (un 5%) en la licitación pública 2012- LN-000010- 5101 para adquirir sistemas de osteosíntesis con placa de compresión bloqueada.

El contrato correspondiente a esa compra es el número P-8170- 2013. Fue firmado por la gerente de Logística de la Caja, Dinorah Garro Herrera, y por el apoderado de Synthes, Lorenzo Castaño Suárez, el 5 de agosto del año pasado.

La compra rige bajo el sistema de consignación (según la demanda de esos insumos en los centros médicos) hasta por ¢1.240 millones anuales. Cubre las necesidades de los 29 hospitales públicos.

Ese contrato vencerá en setiembre próximo. En estos momentos, está en proceso de evaluación con miras a concretar la primera de las tres prórrogas posibles negociadas entre la CCSS y Synthes.

De firmarse una eventual extensión, se mantendría el porcentaje de garantía de cumplimiento originalmente pactado con la empresa.

La empresa Synthes está en proceso de investigación en la Fiscalía, lo que todavía se encuentra en etapa preparatoria de la indagación.

Explicaciones. Según la gerente de Logística de la Caja, establecer la garantía máxima en contratos con las características del P-8170-2013 restringe la posibilidad de que los oferentes se interesen en participar en la licitación.

“La razonabilidad del tipo de garantía merece un estudio jurídico y técnico y de disponibilidad de proveedores. Es multifactorial”, dijo Garro.

A su vez, Karina Aguilera, parte del equipo de asesores de esa gerencia, explicó que lo que la CCSS busca es disponer de una amplia cantidad de oferentes.

“Estos contratos son muy complejos. Siendo tan complejos, se trata de garantizar la máxima participación de proveedores. Si me pongo a disponer cuantías muy onerosas, restrinjo el mercado, que ya de por sí es restringido”, dijo Aguilera.

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Sin embargo, la CCSS sí acordó la garantía máxima en otros contratos firmados con Synthes, incluidos los dos últimos que recientemente le prorrogó a Synthes, también relacionados con compras de insumos ortopédicos.

“Cuanto más suba usted el piso, menos gente querrá participar. Así lo ha entendido la Contraloría”, agregó la asesora, para quien un proveedor bien podría tomar la decisión de no participar en un proceso licitatorio si la CCSS le pide más de lo que puede recuperar.

Este diario consultó a la Contraloría General de la República (CGR) si en algún momento ha dictado un criterio como el que menciona Aguilera.

“Es la legislación la que permite a las administraciones definir el porcentaje sobre el cual van a pedir la garantía de cumplimiento.

”A la Contraloría no le compete definir los montos o porcentajes de las garantías de cumplimiento o participación. Ello trascendería las competencias que tenemos”, manifestó el gerente de la División de Contratación Administrativa, Allan Ugalde, a través de la oficina de prensa.

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Ángela Ávalos R.

aavalos@nacion.com

Periodista

Periodista de Salud. Máster en Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid, España. Especializada en temas de salud. 

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