Reforma estatal en penumbra

Los costarricenses, sencillamente, no saben en qué consiste y tienen diversos criterios sobre el programa de transformación del Estado, uno de los principales desvelos de la gestión del mandatario José María Figueres Olsen.

Según la última encuesta de Unimer, el 46 por ciento de los entrevistados no supo explicar qué entendía por reforma del Estado y el 79 por ciento consideró que el Gobierno no ha explicado el propósito principal de dicha iniciativa.

En concordancia con ese último dato, 83 de cada 100 costarricenses dijeron no estar informados de los cambios que implica la reforma. Sólo un 13 por ciento opina lo contrario y cree que significa, mayoritamente, reducción de planilla estatal, privatización de instituciones y el paquete de impuestos.

Precisamente dentro de ese subgrupo, el 70 por ciento está de acuerdo en que el proceso siga adelante. Un 27 por ciento se niega.

La consulta --tercera cuatrimestral de este año-- se efectuó en todo el país del 7 al 19 de setiembre, entre 1.210 personas mayores de 18 años a pedido de La Nación. De la muestra, 34 de cada 100 dijeron simpatizar con el Partido Liberación Nacional (PLN), en el poder, y 37 de cada 100 se inclinaron por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

En su propuesta de gobierno, denominada "Programa liberacionista para el bienestar de los costarricenses", Figueres dedicó las siete páginas finales al tema de la reestructuración estatal. "Concentraremos nuestros esfuerzos en transformar en forma decidida los verdaderos cuellos de botella de la institucionalidad nacional", prometió en dicho documento.

Tras la firma de un acuerdo entre el expresidente Rafael Angel Calderón y Figueres, el pasado 12 de junio, los partidos mayoritarios se comprometieron a profundizar la reforma mediante la fusión o cierre de algunas instituciones y a avanzar en la apertura bancaria y financiera. El PUSC aceptó no obstruir la aprobación de impuestos (ventas pasó del 10 al 15 por ciento y se creó 1 por ciento sobre los activos de las empresas).

Ahora, una buena parte de la población no solo ignora la acción del Ejecutivo sino que en un 37 por ciento piensa que el beneficiado directo de la reforma estatal es el propio Gobierno. Una cuarta parte cree que ayudará a la ciudadanía en general.

Entre las personas que ensayaron alguna respuesta sobre lo que entienden por reforma del Estado sobresale: mejorar o transformar la economía (13 por ciento), mejorar la situación del país (9), ordenar las leyes (7), cambiar la estructura del Estado (6), vender instituciones o privatizar (6) y estabilizar o mejorar el país (6).

Contra despidos

Casi tres cuartas partes de los entrevistados se manifiesta en desacuerdo con el despido de empleados públicos como una forma de reducir el gasto público. Un 27 por ciento lo avala.

Quienes llevaron a Figueres a la Presidencia en febrero de 1994 o quienes son liberacionistas apoyan más el recorte de planilla estatal que quienes votaron por Miguel Angel Rodríguez o se definen como socialcristianos.

Llama la atención que cuando se consulta por el despido de burócratas como parte de un conjunto de medidas (cese de servidores, incremento de tributos y privatizaciones) para atenuar el gasto, la tendencia es a rechazar las tres (40 por ciento). No obstante, hay una mayor aceptación a la venta de entidades públicas (41 por ciento).

Los socialdemócratas muestran una tendencia mayor que los socialcristianos a aceptar esas tres acciones y lo mismo ocurre conforme se asciende en el nivel socioeconómico, concluye Unimer.

Además, casi ocho de cada diez personas sienten que el Ejecutivo no ha logrado reducir los gastos.

En materia de eliminación de monopolios, los ticos están divididos entre quienes quieren y no desean la desaparición del monopolio de telecomunicaciones y de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL). Sobre la venta de algunas entidades públicas, solo hay una mayor apertura a que se haga con el Instituto Nacional de Seguros (INS) y FANAL. (Véase más datos en recuadro aparte).

Impuestos y huelga

Los nuevos impuestos generaron una fuerte censura al Gobierno por parte de los encuestados pues el 75 por ciento sostiene que actuó mal al aprobarlos y el 60 por ciento dijo que los tributos "empeorarán la situación del país".

El papel desempeñado por los diputados del PUSC en esa aprobación dividió a los entrevistados: el 45 por ciento lo aprueba y el 44 por ciento lo ataca.

Entre tanto, independientemente del nivel socioeconómico, 67 de cada 100 expresaron que los educadores tenían motivo suficiente para haber realizado la huelga, entre el 17 de julio y el 16 de agosto pasados. Treinta y dos de cada cien opinaron lo contrario.

Al tiempo que el 77 por ciento de la muestra manifestó que las autoridades del Gobierno no actuaron correctamente durante la protesta, un 63 por ciento cree que su gestión se debilitó.

Los líderes sindicales tampoco salen airosos debido a que su comportamiento fue desaprobado por el 57 por ciento y los respalda el 40 por ciento.

Mañana: El pacto Calderón-Figueres. ¿Quién ganó y quién perdió con ese acuerdo?