El proyecto de ley general de aduanas fue aprobado con dictamen unánime afirmativo luego de que se eliminó su punto más polémico: la posibilidad de que firmas verificadoras privadas intervengan en los procesos aduaneros.
La comisión de reforma del Estado ratificó antenoche, entre otras mociones, una propuesta para mantener en manos de la Dirección General de Aduanas la tarea de certificar el origen y valor de las mercaderías importadas.
El diputado socialcristiano Hernán Bravo, miembro del consabido grupo legislativo, explicó ayer que el capítulo de las verificadoras se eliminó pues consideraron que estas no resolverán el problema de subfacturación y que su costo de operación es muy alto.
Tal acuerdo subsanó el principal diferendo que había entre oficialismo y oposición dado que el primero defendía la participación de esas compañías y el segundo estaba en contra.
El plan forma parte de la agenda que el presidente José María Figueres y su antecesor, Rafael Angel Calderón, acordaron tramitar antes del 31 de julio. Se estima que irá al plenario la semana entrante o luego del receso legislativo.
Bravo destacó que una de las novedades de esta iniciativa es que impone una condena de uno a tres años de prisión a quienes realicen un contrabando superior a los $5.000 o falsifiquen documentos para engañar a la aduana.
El texto califica como "infracción" los contrabandos menores a esa suma. Estos hechos ilícitos, al igual que en los casos de mayor monto, se sancionan con el decomiso de la mercadería y una multa de tres veces el monto de los impuestos no pagados.
La iniciativa procura facilitar el trámite de ingreso y salida de mercancías, pero, al mismo tiempo, mejora los controles aduaneros. Bravo destacó que propone utilizar equipo computadorizado para regular los trámites de desalmacenaje.
Para la diputada liberacionista Sandra Piszk, otra virtud del plan es la profesionalización del personal ya que se establecen una serie de requisitos de tipo académico, de experiencia laboral y otros para poder aspirar a distintos cargos.
Además, destacó la creación del Tribunal Fiscal Aduanero que será integrado por cinco personas. Piszk indicó que esta es una entidad especializada con potestades para tomar resoluciones y resolver apelaciones en materia aduanera.