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Autoridades dicen que nacionales sufren falta de comunicación y condiciones insalubres

23 ticos presos en Nicaragua preocupan a la Cancillería

Actualizado el 27 de julio de 2015 a las 12:00 am

Servicio exterior y Defensoría abogan porque descuenten penas en el país

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23 ticos presos en Nicaragua preocupan a la Cancillería

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Esta es la cárcel de El Chipote, en Managua, donde están preso el empresario costarricense Daniel Gil Trejos. | CORTESÍA DE EL NUEVO DIARIO

Al menos 23 costarricenses están tras las rejas en la vecina Nicaragua, en condiciones que preocupan a la Cancillería y a la Defensoría de los Habitantes.

Según las autoridades, estos nacionales carecen de adecuados controles de salud y tienen problemas para comunicarse con abogados y con el cónsul que debe estar pendiente de sus condiciones, aparte de que viven hacinados.

Entre los presos se cuentan mujeres embarazadas que no tienen garantía de un trato adecuado a su condición.

Tanto la Cancillería como el Ministerio de Justicia y la Defensoría llevan adelante gestiones para que, quienes tengan condena en firme, la puedan cumplir en Costa Rica. Ese es el caso de 11 de los 23 reclusos.

“Aun con los problemas de hacinamiento que hay aquí, estarían en mejores condiciones. El Ministerio de Justicia hizo gestiones a la embajada y enviaron el informe con todas las personas, y el traslado de las personas se debe dar una vez que haya sentencia en firme. En algunos casos ya está iniciando el proceso de traslado”, declaró la defensora de los Habitantes, Montserrat Solano.

“Se hizo una solicitud de información a la embajada y me enviaron el informe con todas las personas, y sí, el traslado de las personas se debe dar una vez que haya sentencia en firme, y no es la situación de todas. Pero en el caso de algunas mujeres se está empezando el procedimiento para trasladarlas”, informó la defensora.

Por su parte, el canciller Manuel González lamentó la situación y afirmó que su ministerio hace todo lo posible por atender los derechos que les corresponden como ciudadanos costarricenses, más allá del proceso penal que enfrenten.

En este sentido, el embajador de Costa Rica en Managua, Javier Sancho, dijo a La Nación que se hace un esfuerzo para que 11 de los costarricenses presos puedan volver a nuestro territorio.

La mayoría de los 23 detenidos se encuentra en cárceles del sistema penitenciario del país vecino, pero al menos uno está bajo el régimen especial de la prisión del Chipote, en Managua.

Ese es el caso del empresario Daniel Gil Trejos, quien revivió las tensiones entre ambos países por las condiciones en que fue apresado en un calabozo oscuro, sin comunicación, luego de que la Interpol lo requiriera para que enfrentara cargos por un supuesto fraude comercial en México.

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Esta cárcel de El Chipote, utilizada como escenario de arrestos políticos y torturas durante la dictadura de Anastasio Somoza (1967-1979), es independiente de la administración del sistema penitenciario nicaragüense, lo que dificulta las gestiones de las autoridades costarricenses, que a la fecha desconocen si allí hay más ticos encerrados.

Ante esta situación, el embajador Sancho recalcó que cada vez que un nacional llega a Nicaragua, es importante que avise de su viaje a la legación tica y a los consulados.

El funcionario explicó que la Convención de Viena establece cláusulas de transparencia e información al país emisor de viajeros, en caso de arrestos de ciudadanos extranjeros.

“Es una práctica entre los Estados informar el por qué fue detenido y si fue trasladado a tribunales y se informa el delito por el cual se procesa”, explicó.

Para Montserrat Solano, la posición del país es entendible, y sus gestiones como Defensora de los Habitantes son normales.

“Las defensorías en todo el mundo se preocupan por los nacionales que se encuentran en otras cárceles, y para velar por la posibilidad de que el Estado haga las visitas consulares”, indicó.

Además de estar pendiente del retorno de los 11 costarricenses, la Defensoría sigue de cerca el caso de Gil Trejos.

La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia nicaragüense autorizó, el pasado 9 de julio, trasladar a este hombre a un régimen de “arresto domiciliar bajo custodia policial”.

Tres semanas después de emitida, la orden sigue sin cumplirse y las autoridades vecinas siguen sin hablar, al tiempo que México solicitó su extradición.

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