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Manuel Herrera Mutis, de la junta interventora de Judesur: ‘Los recursos no dan para la operación’

Actualizado el 15 de octubre de 2016 a las 12:00 am

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Manuel Herrera Mutis, de la junta interventora de Judesur: ‘Los recursos no dan para la operación’

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El expresidente del grupo interventor (nombrado por el Gobierno) de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), Manuel Herrera Mutis, afirma que esa entidad está en un punto crítico, poniendo en riesgo la operación del Depósito Libre de Golfito, motor económico de los cinco cantones al sur del país: Corredores, Coto Brus, Golfito, Buenos Aires y Osa. El ahora exfuncionario, separado del cargo el 27 de setiembre, dice que esto tiene que ver con la aplicación de la nueva ley de Judesur, que entró en vigencia en junio pasado. Herrera habló con La Nación sobre lo sucedido y sobre lo que prevé, sucederá con la Junta.

RAFAEL PACHECO
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RAFAEL PACHECO

¿Por qué se insiste en que Judesur entró en cierre técnico y que es insostenible?

Nosotros, con base en las proyecciones que hicimos, con los porcentajes de distribución de la ley 9356, hicimos escenarios desde los más optimistas al más pesimista, y definitivamente, el 15% de los ingresos que le asigna la ley a Judesur para gastos operativos, no alcanza. No es que se cierra con candado, simplemente, entra en cierre técnico, y se opera de forma ilegal. Con el 15% (para gastos) no da para la operación, entra en cierre técnico porque los ingresos no cubren los gastos.

Pero estamos hablando de gastos operativos y administrativos, nada más.

Únicamente, que es lo que la ley le da por el 15% para remuneraciones, servicios (agua, luz, teléfono) materiales, suministros, combustibles, lubricantes y requerimientos de oficina, que no se pueden recortar.

¿Qué pasa con el proceso que llevaban ustedes ahora que el Poder Ejecutivo los quitó?

En un país de derecho, no hay antecedentes de una intervención como esta que se hizo. No hay un manual, hay procesos que no se han terminado, que quedaron pendientes.

¿Como cuáles?

Como los procesos administrativos en contra de siete funcionarios, suspendidos y con goce de salario. Ahora dependerá de la nueva junta si los continúa o no. Nosotros dejamos denuncias en cuatro fiscalías en la zona sur.

¿Presentados por ustedes?

Sí, contra cuatro alcaldes de la zona sur.

¿Por qué?

Por malversación de fondos, abuso de poder, por incumplimiento de plazos y cabe decir que esas denuncias tienen prueba documental y ofrecimos prueba testimonial en caso de que el fiscal pueda llamar a los testigos ofrecidos por nosotros.

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¿Cuáles alcaldes?

Hay que hacer una aclaración, los alcaldes de turno son los representantes legales, eso no quiere decir que el delito funcional sea de ellos, puede ser que el proyecto es viejo (...) pero se trata de los representantes legales de las municipalidades de Osa, Golfito, Corredores y Coto Brus, por irregularidades que datan desde el 2009 para atrás, con proyectos que nunca liquidaron.

¿Por cuánto dinero?

Unos ¢1.900 millones.

Si tenían tanto trabajo pendiente ¿qué razones les dieron para quitarlos?

Ninguna, simplemente mandaron un notificador a Golfito con un despliegue policial, solo para notificarnos.

¿Hay diálogo entre ustedes y Casa Presidencial?

Ese diálogo se rompió.

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