Este lunes regresan a sus labores los diputados y, con ello, se reactiva la discusión del impuesto a las personas jurídicas, que financiaría labores de Seguridad y que estuvo a punto de ser aprobado a finales del 2016.
El proyecto N.° 19.818 pretende revivir el impuesto que el Registro Nacional cobró entre el 2012 y el 2015, pero ahora con montos distintos. Las sociedades inactivas tendrían que pagar ¢64.000 anuales y las activas, entre ¢106.000 y ¢212.000, dependiendo de los ingresos.
Durante el 2016, el ministro de Seguridad, Gustavo Mata, pidió al Congreso aprobar el impuesto con el argumento de que el ingreso se destinaría a financiar las necesidades de Seguridad y Justicia. Por año, se recaudarían unos ¢42.000 millones.
Sin embargo, su recolección no es tan sencilla. El Registro todavía trata de cobrar a 336.000 sociedades morosas con periodos del 2015 hacia atrás . Ese año la Sala IV anuló este tributo por encontrar yerros en su proceso de creación, durante el gobierno de Laura Chinchilla.
Además, el Movimiento Libertario considera que esta es una carga más para los contribuyentes y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) no estaba de acuerdo con los montos, pues los quería más altos para las sociedades de mayores ingresos y más bajos para las de menores.
A finales de octubre, un acuerdo político permitió que Acción Ciudadana (PAC) y Liberación Nacional (PLN) impulsaran una vía rápida para el plan y se acordó financiar la contratación de 1.000 policías.
A pesar del trámite rápido, fue imposible para el PAC aprobar el impuesto de manera que pudiera ser recogido para este año, lo que impide presupuestar los recursos.