EscucharDe los nueve partidos que tienen derecho a cobrar un porcentaje de la deuda política, tres siguen en sala de espera porque el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) todavía revisa con lupa sus facturas.
Se trata de Acción Ciudadana (PAC), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) que, entre todos, cobran más de ¢7.000 millones. El proceso tomará al menos dos meses más porque el Tribunal ordenó revisar la totalidad de los documentos aportados.
En el caso del PAC, las luces de alerta se encendieron después de que, en agosto, trascendió que la agrupación le pagó ¢325 millones al dirigente Jorge Sibaja Rodríguez por autenticar más de 20.000 documentos de manera innecesaria.
Con el PUSC, las dudas surgieron luego de que algunos proveedores negaran haber brindado servicios a la agrupación, o bien, que dijeran haber recibido pagos menores a los que el Partido cobró al TSE.
Además, generó preocupación que Róger Céspedes Zamora, un dirigente socialcristiano de la campaña en Limón, fuera capturado por sospechas de formar parte de una organización internacional de narcotráfico.
En el caso del PASE, el Tribunal revisa por qué el Partido presentó las facturas aparte de los documentos que comprueba los pagos, como cheques, certificados de cesión o transferencias bancarias, lo cual dificulta corroborar la legalidad y certeza de los pagos.
El TSE ya le reconoció gastos a Liberación Nacional, Frente Amplio, Movimiento Libertario, Renovación Costarricense y Restauración Nacional. El noveno grupo que podía cobrar deuda, Alianza Demócrata Cristiana, desistió de hacerlo.
