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Niega táctica divisionista con sindicatos

Gobierno apacigua conflictos laborales

Actualizado el 15 de mayo de 1995 a las 12:01 am

Línea dura de gremios prepara nuevas medidas de presión

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Evitar un choque frontal con los sindicatos y ofrecer espacios restringidos de negociación parece ser la fórmula mágica que el Gobierno ha ejecutado para frenar temporalmente los conflictos laborales, mientras el sector de línea dura del sindicalismo desconfía y espera una agrupación de fuerzas propicias a la protesta callejera.

El rápido desvanecimiento de las recientes jornadas de huelgas y paros, en medio de una ardiente pugna entre organizaciones gremiales, no hizo efectivo el "NO" a la conducción económica de la administración Figueres Olsen, según admiten algunos dirigentes sindicales, quienes creen que el primer pulso fue ganado por el Poder Ejecutivo.

"Dentro de las formalidades del Consejo Permanente de los Trabajadores (CPT), está suspender la huelga", dijo Rigoberto Salas, coordinador de esa central sindical, el 8 de mayo, a las 8:50 p.m. Faltaban nueve horas para iniciar una protesta de dos días que pretendía paralizar buena parte del sector público.

?Qué sucedió? ?Renunciaron los sindicatos a la lucha anunciada con "bombos y platillos"?, ?Lograron concesiones?

El 10 de mayo, el CPT y la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) firmaron -en la tarde- un documento con el ministro de Trabajo, Farid Ayales, en el que aceptaron la propuesta gubernamental de integrar tres comisiones para discutir las inquietudes gremiales.

Estas son rechazar el despido forzoso de 8.000 empleados públicos -una de las metas pactadas por el Poder Ejecutivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)-, oponerse a la posibilidad de elevar de un 10 a un 15 por ciento el impuesto de ventas, avalar la intención de gravar con un 1 por ciento los activos de las empresas y la aprobación del proyecto de ley de justicia tributaria, ratificado en primer debate por la Asamblea Legislativa.

En la mañana del mismo día, la Confederación de Trabajadores Rérum Novárum (CTRN) y el Magisterio Nacional -opuestas desde un inicio a la convocatoria de huelga hecha por el CPT y la ANEP- firmaron con Ayales un texto similar, con la misma fórmula de tres comisiones (de reforma del Estado, política social y agraria).

Para entonces, la Asociación de Trabajadores de Acueductos y Alcantarillados (ASTRAA) había depuesto otra huelga que duró seis días, tras lograr el pago por partes de un retroactivo salarial por ¢300 millones, adeudado por la institución desde 1993.

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Aunque el CPT les ofreció un respaldo total, los sindicatos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) se quedaron solos en su protesta, que sí comenzó el 9 de mayo y que aún no ha concluido. Estos grupos se oponen a la firma de un contrato de arrendamiento entre Radiográfica Costarricense (RACSA) y la empresa de telefonía celular Millicom de Costa Rica, fundamentalmente.

Tal petición nunca estuvo incluida textualmente en el pliego de cuatro peticiones del CPT.

Con anterioridad a esos movimientos, el Ejecutivo había logrado desactivar las luchas del Magisterio Nacional, de los empleados de la Imprenta Nacional y de los funcionarios del Hospital Tony Facio de Limón.

Freno temporal

Tanto líderes sindicales como representantes de otros sectores del país coinciden en que el Gobierno desactivó movimientos de huelgas -en forma temporal- con el ofrecimiento de espacios de negociación, en los cuales los gremios no han cristalizado respuestas inmediatas a sus demandas específicas.

"Nosotros estamos absolutamente convencidos de que las famosas comisiones que el Gobierno implementó no arrojarán resultados concretos en la orientación política y económica", señaló Albino Vargas, secretario general de la ANEP.

Vargas agregó: "Aceptamos las comisiones por un repliegue táctico para acumular fuerzas. Así como se desarrolla la negociación, nosotros seguimos paralelamente con el proceso de agitación en los centros de trabajo."

Un criterio más moderado sostiene Bernis Alvarado, secretario general del Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC), quien explicó que la fórmula de las comisiones no es más que un termómetro para medir la voluntad negociadora del Ejecutivo.

El ministro Ayales, por el contrario, cree que los sindicatos sí han logrado puntos a su favor, como lo es el retiro de la corriente legislativa del "Proyecto de ley de normalización y sostenibilidad de los regímenes de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional", el 18 de abril pasado, después de la amenaza de un paro convocado por el Magisterio para el 20 y 21 de ese mismo mes.

Las organizaciones magisteriales estuvieron de acuerdo con crear una comisión política, con respaldo técnico, encargada de analizar, discutir y proponer las reformas que requiere el régimen de jubilaciones del Magisterio Nacional, en un plazo que vencerá el próximo jueves. La iniciativa pretendía aumentar las cotizaciones de los educadores de un 7 a 16 por ciento.

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Ayales explicó que algunos líderes gremiales "han tomado conciencia" para participar en la solución de problemas estructurales y abandonar la lucha de carácter reinvidicativo, mientras otros mantienen posiciones "ultras" de confrontación.

Con la postura del titular de Trabajo converge José Joaquín Meléndez, dirigente de la Rérum Novárum, quien detalló que con las consabidas instancias las organizaciones sindicales han logrado frenar los despidos forzosos, mientras se estudian mecanismos de movilidad laboral voluntaria, así como eximir del pago del impuesto de ventas a 500 artículos básicos de consumo, entre otras conquistas.

Para el diputado Constantino Urcuyo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el Gobierno ha postergado la solución de los conflictos presentados por las organizaciones sindicales. "Eso provoca que se sigan acumulando fuerzas y surjan en el futuro movimientos más fuertes", expresó.

?"Divide y vencerás"?

Aunque el Gobierno niega haber usado una táctica divisionista para "romper" las jornadas de protesta recientes, diferentes grupos sindicales y otros sectores opinan lo contrario.

En criterio de Albino Vargas, secretario general de la ANEP, el ministro Farid Ayales firmó primero con la Rérum Novárum y el Magisterio el documento de las tres comisiones por temor al desarrollo de fuerzas de protesta "incontrolables", con lo cual logró "atemperar la efervescencia laboral y dividir el movimiento sindical".

Ayales argumentó que "no existen estrategias para dividir al sindicalismo", sino que algunos grupos han aceptado participar en los procesos de toma de decisiones, en tanto otros prefieren una lucha frontal. "Por eso ya no hay condiciones objetivas que justifiquen medidas de fuerza", indicó.

Aun Bernis Alvarado, secretario general del SEC, comparte esa posición. "Todos los gobiernos siempre han usado una práctica divisionista", dijo.

"Puede haber una política del Gobierno para intentar dividir a las organizaciones gremiales, negociando con unos y excluyendo a otros", agregó Rodrigo Gutiérrez Sáenz, exdiputado (1990-1994), por el partido Fuerza Democrática.

División o no, buena parte de los representantes sindicales son claros en que los movimientos de protesta están en un momento de espera, mientras ellos y el Gobierno miden fuerzas.

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